Ese es uno de los temas que plantea el referendo y busca reformar la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Punto Noticias.- Una de las preguntas que busca reformar la Constitución tiene relación con la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, para que no todos los jueces tramiten las garantías jurisdiccionales y se evite el abuso.
Son 11 preguntas, con su respectivo anexo, que deberán responder los ciudadanos en las urnas el próximo 21 de abril y la referente a las judicaturas es parte de un referendo porque implica reformar la Constitución y la normativa pertinente.
Como parte de las acciones constitucionales se pueden presentar: habeas corpus, acciones de protección, habeas data, acceso a la información pública, acciones extraordinarias de protección y acciones de cumplimiento de sentencias. El habeas corpus y las acciones de protección son las que más se solicitan.
La pregunta del referendo dice:
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?
El anexo precisa que debe enmendarse el artículo 86, numeral 2 y numeral 3, de la Constitución. Este artículo está relacionado con las garantías jurisdiccionales.
También plantea reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el ámbito de competencias de jueces, apelaciones, trámites de habeas corpus, normas especiales, salas especializadas y competencias de la Corte Nacional de Justicia.
André Benavides, abogado constitucionalista, indicó que, por parte de ciertos funcionarios públicos y actores políticos, se ha desnaturalizado las acciones de protección, los habeas corpus y las medidas cautelares y eso ha servido como un mecanismo para evadir las órdenes de detención y el incumplimiento de sentencias judiciales.
Dijo que se ha dado paso a que esas garantías jurisdiccionales sean presentadas en cantones que no tienen nada que ver con el acto u omisión que es violatorio de derechos constitucionales. En ese sentido, señaló que bajo esas acciones se busca evitar o favorecerse de una determinada decisión.
Consideró que con las judicaturas especializadas no solo se evitará el hecho de favorecerse pasando por alto la norma, sino que el ciudadano común no corre el riesgo de que le vayan a negar las garantías.
Sostuvo que cuando las acciones constitucionales pasan a conocimiento de la Corte Constitucional, hay ocasiones que no prosperan. Tanto es así que existe una tasa de admisión del 10 %, debido a que los abogados no saben cómo plantearlas.
Por ello, creyó conveniente que, al tener jueces especializados de primer y segundo nivel para estos temas, se tendrá la garantía de los derechos constitucionales. Y, de ser el caso, si se agotaran todas las instancias nacionales, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comentó que uno de los recursos que más se usa y se ha abusado de él es el de habeas corpus, debido a que lo puede presentar una persona en nombre de otra.
“Estoy de acuerdo con la especialización de la justicia constitucional no por un caso mediático o político, sino por darle una respuesta a los ciudadanos que merecen una justicia constitucional que no le cierre la puerta”, aseveró.
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, coincidió con Benavides en que es necesario realizar una reforma ante los hechos que se han registrado por el abuso.
“Con los jueces especializados se va a minimizar el riesgo del abuso de garantías jurisdiccionales”, subrayó.
Dijo que, actualmente, son los jueces de lo Civil, Penal, de la Niñez, Laboral, entre otros, los que tramitan las garantías jurisdiccionales, las cuales al ser prioritarias dejan de lado las causas propias de su materia, lo que genera un estancamiento.
Ante esa situación, mencionó que al Consejo de la Judicatura le compete convocar a un concurso para que se designen a los jueces si gana la pregunta en el referendo.
Expresó que es difícil decir cuántos jueces se necesitarán, ya que la Judicatura primero debería dar el número estadístico de las acciones constitucionales que son conocidas actualmente por los diversos jueces.
Sugirió que se pueden dar dos opciones para que se creen en las 24 provincias del país las judicaturas especializadas o se concentren en la provincia de Pichincha como es el caso de los jueces Anticorrupción.
En este punto, Benavides agregó que la Judicatura debe tener el respaldo necesario para poner en marcha el concurso. Es decir, dotarle de los recursos económicos indispensables para realizar el proceso.