Con una acción de protección, cinco jueces nacionales insisten en permanecer en sus cargos. Ellos fueron designados en 2021 y en 2024 podrían salir de la Corte Nacional de Justicia.
Punto Noticias.- Desde el 2019, los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no han sido evaluados por el Consejo de la Judicatura. Es el órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial.
Como la evaluación y la carrera judicial van de la mano, a los jueces nacionales les inquieta esa situación.
Los magistrados son elegidos para un período de nueve años y no podrán ser reelectos. Sin embargo, se renuevan por tercios cada tres años, como señala el artículo 182 de la Constitución de la República.
La última renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se dio el 3 de febrero de 2021. Entonces se posesionaron nueve jueces y dos conjueces, quienes resultaron ganadores del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social, efectuado por el Consejo de la Judicatura.
Los jueces y conjueces que pasaron a integrar la Corte Nacional de Justicia fueron:
- Milton Enrique Velásquez Díaz (juez)
- Alejandro Magno Arteaga García (juez)
- Enma Teresita Tapia Rivera (jueza)
- Gilda Rossana Morales Ordónez (jueza)
- Felipe Esteban Córdova Ochoa (juez)
- Fabián Patricio Racines Garrido (juez)
- Byron Javier Guillén Zambrano (juez)
- Walter Samno Macías Fernández (juez)
- Luis Antonio Rivera Velasco (juez)
- Mercedes Johanna Caicedo Aldáz (conjueza)
- Luis Adrián Rojas Calle (conjuez)
Los jueces Felipe Córdova, Fabián Racines, Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera, que forman parte de esa lista, interpusieron el pasado 14 de febrero una acción de protección en la Unidad Judicial Penal de Portoviejo.
La acción judicial es liderada por el juez Macías en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. La audiencia oral sobre la causa está prevista para el próximo viernes 24 de febrero, a las 10:30.
¿Qué buscan cinco jueces?
Los cinco jueces pretenderían seguir en funciones en la Corte Nacional de Justicia y para ello, intentarían frenar la renovación y designación de seis nuevos jueces nacionales. Ellos fueron designados en 2021 y en 2024 ya les correspondería salir.
El pasado 3 de febrero cumplieron dos años como jueces y aspiran a mantenerse en funciones.
En su cuenta de Twitter, el juez Walter Macías precisó que mantiene vigente su compromiso de administrar justicia. Y agregó que lo hará durante la vigencia del período constitucional para el cual fue designado.
Un criterio similar expuso en la misma red social Byron Guillén, quien añadió que la justicia es su fin y el derecho la herramienta para hacerlo realidad.
Desorden en la Función Judicial
Néstor Arbito, exvocal del Consejo de la Judicatura, opinó que con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio dirigido por el ya fallecido doctor Julio César Trujillo, se dio un “desbarajuste” en la organización de la Función Judicial. En este caso se refirió a la Corte Nacional de Justicia, como órgano de administración de justicia ordinaria en el país.
El exvocal dijo que si se hubiera cumplido con lo que manda la Constitución de 2008 no se habría cometido inconstitucionalidades como las que se han dado con la renovación de jueces de la Corte Nacional.
Néstor Arbito indicó que se han concretado selecciones en un tiempo que no era el adecuado. Situación que también fue observada -en su momento- por la Corte Constitucional, que se refirió a la renovación por tercios cada tres años.
Con el denominado ‘Trujillato’ ese mecanismo se descuadró. Y según Arbito hasta hubo otra inconstitucionalidad al nombrar más jueces y conjueces de los que correspondían.
“Hay un desorden con los tiempos, unos debían estar tres años, otros seis y otros los nueve”, precisó el exvocal de la Judicatura. Sin embargo, manifestó que la acción de protección interpuesta por los cinco jueces deberá dilucidarse en el ámbito constitucional, para que se aclare por qué no se aplicó antes una renovación correcta.
Evaluación a jueces
Sobre la evaluación, Arbito indicó que todo servidor judicial está sometido a una evaluación periódica y quienes obtienen un puntaje deficiente son evaluados nuevamente en tres meses. Pero si sacan una calificación regular deben dejar la Función Judicial.
Aclaró que el sistema de evaluación para los jueces de la Corte Nacional de Justicia es diferente, porque para ello deben primar los tiempos de la renovación por tercios.
El exvocal de la Judicatura reiteró que con el ‘Trujillato’ se descuadró todo, pues el Consejo de la Judicatura definitivo del que formó parte y que estaba presidido por Gustavo Jalkh debía evaluar a los jueces.
Los primeros siete jueces nacionales que tenían menor puntaje debían salir a los tres años, un segundo tercio a los seis años y un último grupo debía durar nueve años. Sin embargo, ese proceso no se dio, pues el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sacó a ese Consejo de la Judicatura y nombró a otro dirigido por Marcelo Merlo.
Aunque se pensaba que bajo esa administración la Función Judicial saldría a flote, eso no sucedió, según algunos juristas.
El temor a la evaluación
La evaluación que se trató de hacer a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, liderados por Paulina Aguirre, generó cuestionamientos.
En julio de 2019, en un comunicado la Corte Nacional de Justicia se señaló que el objetivo de una evaluación no era el cese de funciones y que tampoco debía estar sometido al juzgamiento de comisiones porque ponía en duda la seguridad jurídica.
Los jueces nacionales estuvieron dispuestos a rendir cuentas, que sus activos sean revisados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y que los concursos sean examinados por la Contraloría General del Estado.
Pero el malestar entre el órgano jurisdiccional y el administrativo de la Función Judicial se ahondó con la expedición de dos resoluciones con las que salió a la luz la injerencia en la justicia y la arrogación de funciones.
Sin embargo, el 15 de noviembre de 2019, se dio a conocer el resultado de la evaluación a 36 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
Según la Judicatura, presidida por María del Carmen Maldonado, de los 36 jueces convocados, 30 cumplieron con la evaluación. Pero solo siete jueces y seis conjueces superaron el puntaje mínimo requerido (80 sobre 100).
El proceso de evaluación se desarrolló durante nueve meses, con el acompañamiento técnico de un Comité de Expertos que validó la metodología elaborada por la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura; un Comité de Apoyo; y, una Veeduría Ciudadana.
En el marco de la metodología aprobada por el Pleno de la Judicatura se cumplieron varias fases como: la valoración de méritos de los evaluados; el análisis de las sentencias declaradas como precedente jurisprudencial; y, se consideraron las obras o artículos jurídicos publicados.
También se establecieron los deméritos con base en los fallos contradictorios, las sentencias que declararon la vulneración de derechos en acciones de protección y el retardo injustificado al resolver una causa.
En la evaluación cuantitativa se analizó la productividad jurisdiccional; las asistencias a audiencias convocadas y a las sesiones del Pleno; el cumplimiento de la jornada laboral y la capacitación.
En lo cualitativo, se realizó la evaluación oral de competencias en el ejercicio del cargo y se observó la estructura de las sentencias.
Entre los jueces nacionales que aprobaron -en aquella época- la evaluación están: Daniella Camacho, Marco Rodríguez e Iván Saquicela. Este último preside la Corte Nacional de Justicia en lugar de Paulina Aguirre. Y como conjuez aprobó la evaluación Wilman Terán, quien ahora dirige la Judicatura.
Renovación de jueces
El 21 de enero de 2021, Paulina Aguirre anunció su salida de la Corte Nacional de Justicia. Y bajo la dirección de María del Carmen Maldonado en el Consejo de la Judicatura se ejecutó una renovación parcial en ese año.
El 2 de febrero de 2022, Maldonado renunció luego de conocer una sentencia de la Corte Constitucional que, le retiró la facultad de dictar medidas de suspensión para funcionarios judiciales.
Un día después, Fausto Murillo asumió la presidencia de la Judicatura. Sin embargo, su cargo también fue cuestionado por el suplente de Maldonado, Álvaro Román, quien tras acciones de protección logró dirigir la Judicatura de manera temporal el pasado 25 de enero.
Para el 16 de febrero, Wilman Terán, quien se desempeñaba como conjuez nacional, asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Ese día, Terán aclaró que la evaluación a los servidores judiciales es una prioridad, aseguró que debe constituirse en una dinámica permanente y constante.
“Ayuda a afinar la tuercas en la Función Judicial, pero las dimensiones se analizarán porque es parte del trabajo técnico”, precisó.
Jueces destituidos
El Consejo de la Judicatura también ha observado a los jueces nacionales por el cometimiento de acciones en contra de la norma.
Según la Judicatura, en 2019, dos jueces de la Corte Nacional de Justicia fueron destituidos por manifiesta negligencia. En estos años no se ha identificado a otros jueces nacionales en el cometimiento de alguna acción que vaya en contra de la norma.
La manifiesta negligencia está contemplada en el numeral 7 del artículo 109 del reformado Código Orgánico de la Función Judicial.