Cerca de 2.000 operadores de justicia deberán medir sus capacidades. Aún no se conoce cuándo empezará el proceso y cuánto durará.
Punto Noticias.- Un total de 850 fiscales y cerca de 1.000 jueces de las Cortes Provinciales de Justicia del país serán evaluados por el Consejo de la Judicatura en el transcurso de este 2020.
Este proceso se sumará al realizado en 2019 a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuyo resultado no fue muy alentador. Solo el 20% logró superar los 80 puntos que se requerían para mantenerse en funciones.
Víctor Granda, docente y especialista en Derecho, fue parte del Comité Evaluador de Apoyo. Él consideró necesario medir las capacidades en otros niveles de la magistratura.
Comentó que si en el estrato más alto se halló graves falencias, otras igual de serias podrían registrarse en las cortes provinciales.
El vocal del CJ, Juan José Morillo, mencionó que este nuevo proceso de evaluación forma parte de los proyectos emblemáticos previstos para este año y aunque mencionó que ya están trabajando con la Fiscalía para definir los contenidos de la evaluación, expresó que no se puede establecer cuánto duraría. Esto, debido a que el número de evaluados es alto, cuando solo con 36 jueces y conjueces de la CNJ se tomaron más de seis meses.
“Es un volumen alto. Tendremos que nuestros reglamentos hacerlos de tal manera que permitan hacer esa evaluación”, dijo Morillo.
Con el precedente que dejaron las pruebas a la CNJ, el vocal del CJ planteó al Pleno que al menos tres de los criterios que se manejaron en la última evaluación permanezcan. Estos son los aspectos de desempeño en la parte cualitativa y cuantitativa, la legitimidad y transparencia, y que se considere el mínimo de 80 puntos para la aprobación.
Señaló que las funciones de un juez frente a un fiscal ya no son las mismas y que en el caso del segundo se calificaría por los impulsos fiscales que realicen y los procesos que han tramitado.
El funcionario agregó que todo dependerá de cómo se definan las prioridades y además de asuntos relacionados con el personal con el que cuenten para estas tareas. Esto, en vista que el Ministerio de Finanzas hizo un recorte de 11 millones de dólares que eran exclusivamente para la partida del personal.
Para Granda, en cambio, estas reducciones presupuestarias no deben afectar a la toma de decisiones. Sin embargo, aclaró que si el CJ considera que sí habrá un efecto en el proceso, tendría que argumentar la necesidad ante el Gobierno para incrementar los recursos que además deben ser auditados.
Fuente: La Hora, redes sociales