La disposición legal obliga a que, en término de 5 días, el Ministerio pague a favor del Municipio los valores que adeuda.
Punto Noticias.- En Manabí, un juez multicompetente de Flavio Alfaro, aceptó, el pasado viernes, la acción de protección presentada por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Cantonal contra el Ministerio de Economía y Finanzas por adeudar varias asignaciones pendientes a esta entidad.
Esta acción de protección se presentó porque existe una vulneración de los derechos constitucionales desde el Ministerio por no transferir las asignaciones mensuales que corresponde al municipio por el proporcional de junio y los meses de julio y agosto de 2020 por la suma USD 1.045.731,14.
El procurador síndico del GAD, Camilo Palomeque, indicó que el momento en que el Ministerio de Economía y Finanzas no transfirió las asignaciones que por ley le corresponde al Municipio violó expresas disposiciones constitucionales y legales que obliga al Gobierno Central transferir estos fondos que son parte del patrimonio municipal.
“Así como aquellas disposiciones que se refieren a la autonomía municipal en la que se sustenta la prohibición en el sentido de que ninguna autoridad puede menoscabar las rentas y recursos que corresponden a los gobiernos municipales; con lo cual y como consecuencia de haber inobservado estas disposiciones, el Ministerio de Economía y Finanzas vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica, consagrado en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador», subraya.
El alcalde del cantón, Jaminton Intriago Alcívar, expresó que por no cumplir con el pago de las asignaciones mensuales al GAD, tiene efectos en el no pago de sueldos a los empleados de la entidad.
“La falta de recursos provocada por el incumplimiento de pago de las asignaciones nos impide prestar adecuadamente los servicios públicos de recolección de basura y limpieza de calles y avenidas, debido a que ya no podemos cancelar los compromisos, contratos y convenios de pago para la provisión de combustible y lubricantes, lo que ha significado el cierre de estas prestaciones y que la maquinaria municipal prácticamente se encuentre paralizada; causando insalubridad y grave contaminación en el cantón», señaló.
En la audiencia por la acción de protección el juez multicompetente emitió la sentencia que declaró la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica y del derecho constitucional al buen vivir. Esta medida de reparación integral, fue dispuesta para que en término de 5 días el Ministerio pague a favor del Municipio los valores que debe.
Fuente: El Universo