La legisladora fue denunciada por Héctor Rodríguez Chávez, exgerente de Yachay, al supuestamente proferir expresiones de descrédito.
Punto Noticias.- El pasado 11 de mayo, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, solicitó al Pleno de la Asamblea Nacional que conceda la autorización previa para enjuiciar a la asambleísta de CREO, Ana Belén Cordero, quien fue denunciada por Héctor Rodríguez Chávez, exgerente de Yachay, por proferir en su contra expresiones en descrédito.
La denuncia de Rodríguez Chávez se enmarca en el artículo 396, numeral uno, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla de las contravenciones de cuarta clase las cuales serán sancionadas con pena privativa de libertad de 15 a 30 días.
Además, señala que será sancionada la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.
En su providencia, el juez Córdova explica que su pedido se da para garantizar el debido proceso y el trámite propio establecido en los artículos 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que Cordero ostenta la dignidad de asambleísta nacional.
El artículo 128 de la Constitución establece que los asambleístas gozarán de fuero de CNJ durante el ejercicio de sus funciones y no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, y para iniciar causa penal en contra de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Función Legislativa, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones.
El Pleno de la Asamblea tiene 30 días para contestar, si se pasan ese plazo se entenderá concedida la autorización. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada.
La denuncia de Héctor Rodríguez Chávez tendría que ver con expresiones emitidas en el contexto de un informe realizado en la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas que advertía de irregularidades en estos proyectos educativos.
Al interior de la mesa legislativa, Cordero señaló que la denuncia de Rodríguez Chávez es el precio que tiene que pagar por hacer su trabajo y que continuará fiscalizando.
La asambleísta agregó que el informe de la Comisión solo demuestra el abuso de los recursos del Estado y la incapacidad administrativa y académica de quienes estuvieron a cargo.
Cordero reiteradamente ha dicho que el informe recomendaba que varios exfuncionarios de universidades como Yachay, entre otras, sean llamados a la Fiscalía e investigados por la Contraloría por posibles delitos como delincuencia organizada y peculado. En ese listado, la legisladora señaló a Fander Falconí, René Ramírez, Héctor Rodríguez Chávez, Mario Cuvero y William Vásconez.
Si bien, la denuncia inicialmente estuvo en manos de una jueza de Pichincha, esta se excusó porque la denunciada, al ser asambleísta, goza de fuero de Corte Nacional.