La audiencia para resolver el recurso solicitado por la expresidenta de la Asamblea está prevista para el próximo lunes, a las 14:00, en Quitumbe.
Punto Noticias.- La jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Quitumbe, María del Carmen Salazar, admitió a trámite una acción de protección que presentó Guadalupe Llori en contra del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela y de los asambleístas que recomendaron su destitución como titular del Legislativo.
Con este recurso legal, Llori pretende recuperar su cargo y que los responsables le pidan disculpas públicas.
Virgilio Saquicela reaccionó y denunció que, detrás de la decisión de la jueza de aceptar a trámite la acción de protección de Llori, hay presiones del Ejecutivo.
«Existen las presiones desde el propio Gobierno Nacional y eso hay que denunciarlo públicamente», dijo Saquicela y resaltó que las presiones también vienen desde el Consejo de la Judicatura, en represalia al juicio político que tramita la Asamblea en contra de varias de sus autoridades.
El titular de la Legislatura espera que la jueza sea imparcial y aplique la ley, tras recordar que anteriormente ya fue rechazado otro recurso similar presentado por Llori.
Tras un año y 17 días de actuar como presidenta de la Asamblea Nacional, Llori de la bancada de Pachakutik (PK) fue destituida el 31 de mayo de este año con el voto de 81 asambleístas de un total de 82 presentes en el salón del Pleno.
Ese día, se trató el informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc que recomendó su destitución del cargo por incumplimiento de funciones, tras una denuncia que presentó el coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, quien actualmente se desempeña como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo que fue reestructurado el pasado 21 de julio.
Llori fue reemplazada por Saquicela, quien se desempeñaba como segundo vicepresidente de la Asamblea.
La destitución de Llori contó con el apoyo de legisladores del Movimiento UNES, del PSC y disidentes de la ID y PK. Este último dividido en grupos en contra y a favor de Llori.
Los asambleístas del movimiento oficialista CREO estuvieron ausentes ese día en el que se decidió el destino de Llori.
La destituida presidenta de la Asamblea interpuso varios recursos legales para evitar que se tramite su salida, aunque fue inevitable. Ahora está pendiente que se resuelva una acción de protección.
Torres indicó que en la acción de protección que presentó Llori en contra de los miembros de la comisión multipartidista, adicionalmente pedía -como reparación integral- que se destituya a los asambleístas que votaron por su salida del cargo, así como una indemnización por USD 8’000.000.
La jueza María del Carmen Salazar convocó a las partes el próximo lunes, 22 de agosto, a las 14:00, a la audiencia en la que se resolverá este nuevo recurso solicitado por Llori.