La Fiscalía sustentó su tesis de que los procesados son responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Punto Noticias.- Una vez que la jueza a cargo del caso Furukawa escuchó a la Fiscalía y a las defensas técnicas de los procesados en el caso Furukawa, notificará la fecha y hora de reinstalación de la audiencia preparatoria para informar si llama o no a juicio a los involucrados.
En este caso son procesados por trata de personas con fines de explotación laboral, los ciudadanos Hugo Adolfo Ch. B., gerente Comercial; Seiji N., exgerente de Producción; y, Paúl Israel B. G., exgerente de Recursos Humanos. A ellos se suman Marcelo A., Ángel S. y Adrián H., gerente y exgerentes de la empresa de origen japonés, respectivamente, así como la persona jurídica Furukawa.
La resolución se dará luego de que la Fiscalía pidió que todos los procesados sean llamados a juicio y expusiera más de 100 elementos de convicción que hacen suponer que los exdirectivos de la empresa y Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador cometieron el delito.
Uno de los elementos de convicción con mayor peso para inculpar a los procesados es el informe presentado por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía General del Estado, cuyo contenido señala que en la empresa Furukawa se encontraron “[…] condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos, lo que habrían configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud […]”.
Furukawa, empresa de capital japonés, se estableció en Santo Domingo de Los Tsáchilas en 1963. Se dedica al cultivo y procesamiento de abacá, una planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes, utilizadas en la fabricación de papel.
El 15 de enero de 2021, un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptó la acción de protección y declaró la existencia de “servidumbre de la gleba”, la responsabilidad de la empresa Furukawa y de varias entidades del Estado por la violación a varios derechos humanos de 123 trabajadores.
Para noviembre de 2021, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante auto de aclaración y ampliación, reformaron la sentencia y afectaron la ejecución de las medidas de reparación de los campesinos.
Con todas estas acciones, en octubre de 2021, la Fiscalía ya había vinculado al caso a Marcelo A., Ángel S. y Adrián H., gerente y exgerentes de la empresa. Mientras, en febrero de 2022 lo hizo con el resto de exgerentes y la empresa.