Existe una ausencia del Estado y un desmantelamiento de las instituciones que garantizaban un manejo técnico como el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, agregó.
Ernesto Pazmiño, abogado y exdirector de Rehabilitación, señaló que si bien es cierto, desde siempre han existido muertes en el sistema penitenciario, también se debe reconocer que no han sido en la magnitud que se ha observado en este 2021, donde según personas que trabajan dentro de los Centros se han registrado cerca de 500 muertes en lo que va del año, aunque las autoridades del Estado hablen de 248.
“La crisis carcelaria es consecuencia del sistema neoliberal que genera más inequidad y que se implementó con mayor fuerza desde mediados de 2019”.
Criticó que frente a todas las masacres, el país se quede absorto y sin reacción, lo que finalmente provoca un genocidio a goteo, por lo que, a criterio del especialista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería actuar de inmediato para evitar que haya más muertos ante la ausencia del Estado.
Reprochó que cuando se registran crisis en el sistema penitenciario, la respuesta del Gobierno siempre sea la misma con declaratorias de emergencia, estados de excepción o entregando dinero para infraestructura: “Ahora se habla de destinar más de USD70 millones para reconstruir, pero no para contratar más criminólogos, psicólogos o terapeutas”.
“En Ecuador existen más cárceles que psicólogos, terapeutas o trabajadores sociales, entonces ¿cómo van a rehabilitar?”.
Pazmiño puntualizó que el tema de las cárceles es tan pernicioso que solo en el Gobierno de Guillermo Lasso se han cambiado por tres ocasiones a las autoridades del Servicio Nacional de Integración a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI): “Y los tres militares, se trata de un general y dos coroneles del Ejército (…) Solo ven a la cárceles con más policías, candados y barrotes, que es igual a más violencia”.
Aseveró que todo esto empezó con el desmantelamiento de las Instituciones que garantizaban un manejo técnico sobre rehabilitación social con la presencia del Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior”.
Destacó la necesidad de darle una mirada, a las cárceles, desde el respeto a los Derechos Humanos, empezando por reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que resultó ser un reproductor de presos cuando la propia Corte Constitucional ya dictaminó que la prisión preventiva no es la respuesta a delitos menores, sino medidas sustitutivas. A esto se suma la actuación de las Cortes que demoran en responder en reducciones de penas o proceso de libertad: “Más fácil sale un preso en ataúd que con beneficios penitenciarios”.