La entidad aclara que solo trabaja en “mecanismos preventivos” y no investiga casos para no duplicar esfuerzos con la Fiscalía.
Punto Noticias. Cuatro días después de las investigaciones, por supuesta venta de cargos públicos, en las que se allanaron la casa del exconsejero Ad Honorem en temas bananeros, Juan José Pons, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia se pronuncia sobre este caso.
En un escueto comunicado, deja claro que su naturaleza no es investigar ni detectar casos de corrupción. “La misión básica de la Secretaria de Política Pública Anticorrupción es evitar que ocurran hechos de corrupción”, dice el documento.
Señala que una vez que se presentan indicios, en cualquier ámbito de la función Ejecutiva, la Fiscalía General del Estado es el organismo que debe investigar y acusar en los tribunales, de ser el caso.
Su trabajo, explica, es colaborar con la Fiscalía, pero aclara que será siempre y cuando se disponga de información surgida de su trabajo específico. “En ningún caso, esta Secretaria puede, ni debe duplicar la labor de la Fiscalía”.
Lo que sí, destaca, es que trabaja en mecanismos preventivos, para lo cual reportó a las autoridades fichas de riesgos de corrupción en 30 instituciones, priorizadas por su nivel de riesgo. A eso, se suma la elaboración de mapas de riesgo de corrupción, tipologías de corrupción, estudios específicos de narcotráfico, tecnología anticorrupción, corrupción Internacional a gran escala, presupuestos ejecutados y diseño de alertas tempranas.
Sin embargo, este último no tuvo la alerta temprana para el caso Danubio, como denominó la Fiscalía General del Estado al operativo en el que se detuvo a ocho personas, tras los allanamientos en Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. La Fiscalía los acusa de supuesta asociación ilícita.
La investigación develaría presuntos actos de corrupción relacionados con la oferta de cargos, con poder de decisión, en varias instituciones públicas a cambio de altas sumas de dinero.
La Secretaría Anticorrupción señala que colaborará con la Fiscalía porque, insiste, “nadie puede estar por encima de la ley”.