Punto Noticias.- Falencias injustificables por parte del Estado para resolver los casos de las personas desaparecidas, fueron detalladas por Francisco Hurtado, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, quien habló de errores en la ley, centralización de servicios y burocracia en los procesos de investigación.
“Va en aumento la problemática que ha estado invisibilizada desde lo que el Estado hace”, criticó.
En cuanto a la Legislación, Hurtado señaló que el Código Integral Penal solo reconoce a las desapariciones cuando se presume la participación de agentes del Estado; pero no cuenta si una persona sale y desaparece, pues eso según la normativa no constituye un delito y por lo tanto no es una investigación previa, a cargo de un Fiscal en el territorio en el que sucedió sino que se vuelve en una acción administrativa a cargo de fiscales cuyo único lugar de trabajo es la ciudad de Quito.
En ese sentido detalló que en 2014 se partió con un fiscal encargado de estos casos, al 2015 ascendio a alrededor de 16 y a la fecha han incrementado cinco más, todos ellos trabajando en la capital; por lo que las familias de otras ciudades se ven obligadas a siempre acudir a la capital para denunciar.
«Hemos hecho una hoja de ruta que insista con la necesidad de la reforma legislativa que trata de vulnerar los nudos críticos que las familias enfrentan como por ejemplo la ineficacia de las investigaciones”, explicó Hurtado al agregar la necesidad de descentralizar el trabajo de la Fiscalía.
Por otro lado indicó la lentitud del trámite para conocer la IP del celular de la persona desaparecida para detectar dónde se encuentra, este proceso se demora quince días y sin embargo cuando a alguien le roban el celular, la información se entrega de manera inmediata.
“A eso se suma que los familiares no saben que están haciendo las autoridades lo que provoca un retardo en la justicia”, lamentó el funcionario al indicar que la mayoría de casos de desapariciones son de mujeres y sobretodo niñas, una de las causas sería la trata.
En este aspecto, Hurtado informó que la Defensoría del Pueblo se reunió con colectivos que involucran la mayor cantidad de gente desaparecida y se comprometió en retomar su única competencia posible que es vigilar el proceso pero de manera más activa y presionando para que la Fiscalía se active inmediatamente, de manera oportuna y eficaz en los primeros días de la desaparición de una persona, además de insistir en las reformas a las leyes y celeridad de la tramitología, pues si esto no cambia los casos seguirán aumentando sin una respuesta adecuada del Estado.
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