Según Fundación Pakta, no hay un solo caso que haya terminado en una sentencia contra algún responsable por crímenes contra personas Lgbtiq+.
Punto Noticias. En Ecuador, aunque la Constitución y otras leyes garantizan igualdad de derechos para las personas Lgbtiq+, en la práctica, eso queda en letra muerta. Uno de los problemas más apremiantes es la impunidad en casos de muertes violentas, delitos de odio o discriminación.
La falta de un registro preciso y el acceso limitado a la justicia plantean interrogantes sobre cómo se pueden hacer valer sus derechos en un sistema que parece obviar sus reclamos.
¿Cómo garantizar un eficiente acceso a la justicia, si las entidades a cargo no registran estos casos?
Ni la Fiscalía General del Estado ni el Consejo de la Judicatura tienen registros de cuántas personas Lgbtiq+ han denunciado discriminación o delitos de odio.
Sus estadísticas se limitan a agrupar todas las denuncias sin segregar por orientación sexual o identidad de género. Rafael Garrido, investigador sobre casos de violencia de la población Lgbtiq+, expresó su preocupación por la falta de registros específicos que permitan identificar y abordar los delitos de odio y discriminación basados en la orientación sexual y la identidad de género.
Esta falta de información, dijo, limita la capacidad de las autoridades para tomar acciones efectivas y perpetúa la impunidad en estos casos.
Violencia y discriminación en el acceso a la justicia
Valentina, una joven trans de 19 años, fue brutalmente asesinada a tiros en Guayaquil, sumándose a una lista que ya supera los 15 asesinatos de personas Lgbtiq+ en lo que va del 2023.
Odalys Cayambe, de la Ksa de Acogida Trans de Guayaquil, reclamó porque la justicia las invisibiliza al no tener un registro claro de la orientación sexual de las víctimas. “Sobre todo los asesinatos de las mujeres trans de la periferia. Muere aproximadamente una compañera cada mes y medio”, alertó.
Sin embargo, las cifras oficiales evidencian un subregistro de muertes y delitos que no son reconocidos como casos de personas trans y, por lo tanto, no reciben el tratamiento adecuado por parte del sistema judicial. Odalys Cayambe reclamó pues la falta de visibilidad y de respuesta efectiva, por parte de las autoridades, perpetúa la impunidad y dificulta aún más la búsqueda de justicia.
La mayor barrera para acceder a la justicia, dijo, es la misoginia que viven las personas trans de periferia. “La Fiscalía, para que pueda receptar una denuncia, pide que hayas recibido un disparo, que te incineren o descuarticen, para iniciar las investigaciones”, reclamó.
Odalys Cayambe cuestionó que ningún grupo (del Estado o sociedad civil) haya hecho, hasta ahora, un trabajo para comprender las razones detrás de los asesinatos de mujeres trans. Cayambe criticó duramente la indiferencia de la Subsecretaría de las Diversidades y ciertas organizaciones sociales.
“Para agradar al Gobierno callan la realidad que enfrentamos y a las pocas que podemos hablar nos silencian, nos callan, nos quieren mandar a prisión o nos mandan a matar como a Jéssica Martínez”, criticó.
La justicia ecuatoriana falla en abordar los casos de personas Lgbtiq+
El camino hacia la justicia para las personas Lgbtiq+ es complejo, desde el fiscal hasta el tribunal penal. Sin embargo, la falta de especialistas y peritos sociológicos dificulta la recopilación de pruebas sólidas, con un enfoque de género.
Fundación Pakta, dijo Bernarda Freire, realiza un acompañamiento a varios casos. En lo que va del 2023 reportan 17 muertes violentas. Además, pidieron información a la justicia sobre los casos en contra de personas Lgbtiq+ de 2014 a 2021 y, hasta ahora, ninguno ha terminado en sentencia. Es decir, impunidad absoluta.
“Lo que te voy a responder es muy triste. Con que tuviéramos una sentencia, una, en la que se reconozca que la muerte de una mujer trans es un femicidio, por ejemplo, o que reconozca que un componente de violencia es del odio hacia la población, sería un avance significativo”, acotó.
Tal sentencia, agregó, tendría un valor simbólico, “ya que hasta ahora no se ha logrado un trato justo y adecuado en los casos de asesinatos”.
Pero no solo son víctimas de crímenes motivados por el odio, también de un sistema político que, hasta ahora, ha mostrado poca acción para cambiar esta realidad. A puertas del Orgullo Lgbtiq+ 2023, los activistas se preguntan por qué no hay una respuesta contundente por parte del Estado para garantizar su seguridad y hacer frente a la discriminación y violencia que enfrentan a diario.
Impacto de la impunidad en la sociedad
Rafael Garrido alertó que la impunidad tiene un impacto devastador porque desalienta a las personas a presentar sus casos y a buscar ayuda en las instituciones pertinentes. La sensación de que no serán escuchadas desde el principio inhibe su voluntad de buscar justicia. Esta impunidad que se genera, dijo, perpetúa los mecanismos de violencia, permitiendo que se repitan una y otra vez.
Además, subrayó que la falta de castigo y de sanciones en estos casos envía un mensaje directo de que la población Lgbtiq+ no merece ser protegida ni tutelada. “Esta es una situación sumamente peligrosa que debe evitarse a toda costa”, afirmó.
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