«Se habla hasta de complicidad porque a su debido tiempo, ni bien se conocieron los hechos, debieron iniciarse acciones administrativas», agregó.
Rodrigo Heredia, abogado y exmiembro de la Policía Nacional, señaló que tras la decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, de cesar a los generales Giovanni Ponce y Mauro Vargas, se benefició a dos uniformados involucrados en irregularidades en el caso León de Troya.
“Saldrán felices, el Presidente les hizo un favor, les sacó con decreto Ejecutivo, saldrán a la vida civil con prebendas”.
Además, Rodrigo Heredia indicó que el mandatario impidió que ambos generales sean juzgados y al ordenar su baja, los premió con un equipo de seguridad y vehículos del Estado por seis meses, además de una cesantía de unos USD 200 mil y una pensión aproximada de USD 5 mil.
No descartó incluso complicidad dentro de la Policía Nacional porque el comandante general, Fausto Salinas, tenía la obligación moral y legal de iniciar acciones administrativas en la Inspectoría y Dirección Nacional de Asuntos Internos, apenas conoció del caso y no lo hizo.
“Les salvaron, internamente en la Policía encubren estas situaciones, se habla hasta de complicidad porque a su debido tiempo, ni bien se conocieron los hechos, debieron iniciarse acciones administrativas”.
A criterio de Heredia se escondió información, pues caso contrario Vargas y Ponce debían ser degradados de su grado de generales porque avergüenzan a la institución policial.
“Internamente todo se sabe a su debido tiempo, pero la Policía cuida su imagen, hay espíritu de cuerpo”.
Mencionó que debería actuar la Contraloría General del Estado, pues estos dos uniformados dispusieron de información delicada elaborada por un equipo humano público que ocupó logística de la Policía.
“Se debe realizar una auditoría interna administrativa”.
No solo eso, para el policía en servicio pasivo Rodrigo Heredia, tanto Tannya Varela como Vargas y Ponce deben ser enjuiciados penalmente y estar tras la rejas respondiendo al pueblo, porque se trata del desvío de información sobre un caso de narcotráfico, que involucra al círculo cercano del Gobierno.
“La Fiscalía debería ya investigar, es un delito de lesa humanidad”.