Durante la sesión 671, los parlamentarios aprobaron en segundo debate el proyecto de reformas del Coescop.
Punto Noticias. Con 87 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en segundo y definitivo debate, la derogatoria al Libro Tercero del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y del Estado (Coescop).
El informe presentado por la mesa legislativa de Soberanía, sobre el proyecto de reformas al Coescop, recomendó la derogatoria del capítulo Servicio de Protección Pública, por considerarlo contrario a las disposiciones constitucionales.
El informe de la comisión estableció que la protección y seguridad del presidente de la República y altos funcionarios de Gobierno, que por sus funciones, rango y responsabilidad requieren de un servicio de protección especializado, profesional, técnico e institucional, será competencia de los equipos especializados de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El ponente del informe, César Carrión, detalló el proceso que siguió esta norma para su promulgación, en 2017, que incluía un servicio civil de seguridad y protección a máximas autoridades.
Desde la creación de este ente civil se han registrado cinco demandas por inconstitucionalidad al libro tercero, por ser un cuerpo civil armado que contraviene el artículo 158 de la Carta Magna, que establece las tareas específicas de las instituciones, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y orden público, según Carrión.
El Código tiene cuatro libros. El primero hace alusión a la Policía Nacional; el segundo, al Servicio de Investigación Mixto; el tercero, sobre el Servicio de Protección Pública; y, el cuarto, sobre Entidades Complementarias.
A criterio de los legisladores que conforman la mayoría parlamentaria, la creación de un tercer organismo de seguridad atenta contra la organización política y de seguridad del Estado. Coincidieron en que las entidades encargadas de la protección de mandatarios y dignatarios son las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que incluso se encuentran consagradas en la Constitución de la República.
Con este argumento, acordaron en que contar con un organismo civil armado para la protección de mandatarios y altos funcionarios del Estado deja entrever actos contrarios a la razón de ser de las fuerzas del orden y de protección ciudadana. Insistieron en la inconstitucionalidad de este cuerpo de seguridad y la importancia de entregarle al Ejército ecuatoriano y Policía Nacional la facultad que se les retiró, de cuidar y velar por la seguridad y protección de las máximas autoridades del Estado.
Para estos asambleístas, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han sido debilitadas, por lo que es fundamental fortalecer la institucionalidad de estos dos organismos.
Fuente: Asamblea Nacional.