Representantes de estos sectores reclaman equidad e igualdad de derechos en la comunicación.
Punto Noticias. Cerca de treinta voces de diferentes medios de comunicación comunitarios, populares, de pueblos y nacionalidades demandan evitar la regresión de derechos para estos sectores, con el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, de iniciativa del presidente Lasso.
Exigen que se respeten los derechos consagrados en la Constitución, que garantiza el acceso a una comunicación libre, intercultural, plurinacional, incluyente y participativa; por lo tanto, evitar el monopolio y garantizar la distribución del 34 % para la operación de medios comunitarios.
El proyecto de Lasso no considera la participación de los sectores comunitarios, como son las comunas, pueblos y nacionalidades, universidades, grupos juveniles, organizaciones sociales y populares, ni propone mecanismos ni incentivos a estos actores que trabajan en la comunicación, cuestionó Floresmilo Simbaña, asesor del presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, que reunió a estos actores.
Si bien el artículo 9 del proyecto cita a pueblos y nacionalidades, no establece de qué manera ni con qué mecanismos se posibilitará el ejercicio de estos derechos. En el proyecto se fija el derecho a la réplica y la responsabilidad civil ulterior, pero no se determina, con precisión, las consecuencias de los medios que no cumplen el derecho a la réplica en favor del perjudicado ni viabiliza la acción social y ciudadana para prevenir el abuso de los medios privados y públicos, criticó.
Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Central, dijo que la libertad de expresión no debe ser excluyente. Lo esencial es defender los derechos de todos los sectores, entre ellos de los medios comunitarios.
Jorge Guachamín, desde la Corape, señaló la necesidad de establecer concursos transparentes para la entrega de frecuencias radioeléctricas. Apawki Castro, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), precisó que con la propuesta se pretende dejar a voluntad de los medios de comunicación que acojan o no espacios interculturales, lo cual es regresión de derechos.
Cristina Benavides, docente de la Universidad Central, sugirió revisar la definición de medios comunitarios. Afirmó que no está de acuerdo con la autorregulación de los medios de comunicación. Liliana Champutiz, del pueblo pasto de Carchi, pidió que la normativa tome en cuenta al estado plurinacional e intercultural como sujeto de derechos colectivos y que se respete el acceso al 5 % de contenido intercultural en los medios de comunicación.
A Isabel Ramos, de la Flacso, le preocupa que la propuesta enviada a la Asamblea Nacional deroga la responsabilidad ulterior efectiva, elimina la suscripción de contenidos de la producción de pueblos y nacionalidades para lograr la interculturalidad, no clasifica a los medios por su alcance, lo cual genera monopolización.
Verónica Calvopina, del medio El Churo, pidió evitar la concentración del espectro radioeléctrico. Andrés Tapia, de comunicación popular, consideró esencial mantener las acciones afirmativas para garantizar la democratización de la comunicación.
Humberto Cholango, en representación de los medios comunitarios, solicitó dar seguimiento al informe final de la Contraloría, para saber si se cumplió con las recomendaciones en torno a la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios. Afirmó que todavía se concentra el 95 % de este en manos privadas y apenas el 2% para radios comunitarias.
Hugo Ramírez, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), dijo que cuando se habla de libertad de expresión no se refiere a los medios, sino al derecho que tienen los ecuatorianos. Criticó que no se puede invisibilizar la palabra de los medios de comunicación comunitarios.
El asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la mesa parlamentaria, manifestó que espera la resolución del Consejo de Administración Legislativa y defina la comisión que tratará el proyecto, para iniciar un debate amplio para recabar opiniones de diferentes sectores y construir una normativa con enfoque intercultural y alcanzar equidad e igualdad de derechos.
Fuente: Asamblea Nacional.