No solo es la población de mujeres las que se afectan sino los hombres también, que toman la decisión de tomar pastillas o usar preservativos.
Virginia Gómez, representante de la Fundación Desafío criticó que nuevamente por “lobby de grupos religiosos” se haya incorporado en el proyecto de Código de Salud el término “objeción de conciencia” al que pueden sujetarse los profesionales de salud en el marco de la entrega de anticonceptivos.
La activista y también médica manifestó que ese articulado ya se había eliminado anteriormente, sin embargo, dejando de lado las mesas de trabajo se lo volvió a incorporar.
“La intención es obstaculizar el ejercicio de una decisión de los jóvenes, mujeres y hombres de no reproducirse”, agregó Gómez al señalar que también se estaría negando la protección a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.
Remarcó la pésima decisión de poner este tema en el Código de la Salud en un país en el que se registraron más de 4.400 niñas víctimas por violencia sexual entre 2017 y 2018: “Ojo no planteamos que usen método anticonceptivos para que las violen y no las embaracen pero todo esto afecta al tema educativo”.
“Si una niña va al servicio de salud a pedir asesoría, pueden decir yo soy objetor yo no me meto en eso y no le dará a la niña la posibilidad de defenderse. Peor cuando entre un adolescente de 15 años, le pueden objetar información”.
Gómez además citó cifras del INEC que señalan a 178 adolescentes que se embarazan cada día entre 2017 y 2018, es decir que al final de cada año son 65 mil jóvenes embarazadas.
“Esperamos que exista un poco de cordura técnica porque esto es una cuestión técnica (…) Esto es resultado del lobby de los grupos antiderechos”
Cuestionó además que la Asamblea Nacional se esté planteando un debate sobre si los centros de salud tienen o no que atender emergencias obstétricas: “Eso se tiene que hacerse independientemente de si está o no en un artículo”.
Otro de los casos que criticó es la obligación de investigar todos los sangrados que llegan a los hospitales en el marco de un embarazo.
Con esa base, destacó las contradicciones del Estado que mientras impulsa una Ley para erradicar la violencia contra le mujer, no tenga presupuesto para atenderlas y más aún la condena.
“Los papeles son letra muerta si no se operativiza, ¿qué hablamos si no hay coherencia entre lo que se pone en un papel y el presupuesto?”.