El hecho se registró el pasado 9 de enero. Los procesados por presunto terrorismo formarían parte de un grupo de delincuencia organizada.
Punto Noticias.- Doce personas fueron llamadas a juicio por el presunto delito de terrorismo por la toma de las instalaciones de TC Televisión registrado el pasado 9 de enero. Ese día, los ahora procesados, amenazaron y agredieron a personal técnico y periodístico.
La Fiscalía emitió su dictamen acusatorio contra las 12 personas, luego de presentar como elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión elaborados por la Policía Nacional; informes de audios, videos y afines que guardan relación con los hechos, la denuncia presentada por directivos del canal de televisión y la reproducción del testimonio anticipado de uno de los periodistas agredidos.
A esos elementos, se sumaron los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, balístico, de microscopía electrónico de barrido y el de inspección ocular técnica.
También, el fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Transnacional de Guayas (Unidot-G) a cargo del caso presentó los indicios recolectados por la Policía Judicial. Entre ellos: un fusil y dos pistolas, municiones y explosivos, varios teléfonos celulares, chalecos antibalas y radios de comunicación, que se encuentran en su respectiva cadena de custodia de la Policía Judicial.
Con los elementos presentados por la Fiscalía, el juez Anticorrupción llamó a juicio a Manuel G., Juan P. A., Joshua S. R., Jordan T. P., Miguel B. P., Juan M. C., Jonathan M. P., Charles S. V., Jorge A. S., José O. T. y Adán Q. S., a quienes -además- les ratificó la prisión preventiva.
Mientras, para Willian Joffre A. B. resolvió mantener la orden de captura y difusión roja internacional de Interpol. Él sería el líder de una organización delictiva (vinculado al proceso el 21 de febrero). La etapa de juicio queda suspendida para este procesado hasta que sea ubicado y detenido.
Además, el juez dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de valores por hasta 100 salarios básicos unificados (USD 46 000 dólares) para cada procesado que pertenecería a un grupo de delincuencia organizada.