El Gobierno no ha hecho nada en políticas de seguridad ciudadana, al contrario ha destruido el Estado social, agregó.
Jorge Paladines, docente de la Universidad Central e integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derechos, destacó que las declaratorias de los estados de excepción son un paso hacia la dictadura, pues implica violaciones a los derechos humanos y deslealtades procesales.
“Quiere decir que el Estado no tiene capacidad y no puede responder con la institucionalidad a escenarios como la inseguridad”.
Indicó que el Gobierno de Guillermo Lasso ha llevado al Ecuador a un permanente estado de excepción para responder a manifestaciones, crisis carcelaria e inseguridad, lo cual se vuelve peligroso y hasta estéril, porque se pasa de un Estado de derecho a uno autoritario.
“Lo grave es que el estado de excepción pasa por las narices de los órganos de control de la misma Corte Constitucional siendo complacientes con el estado de excepción”.
Subrayó que en políticas de seguridad ciudadana, el Gobierno no ha hecho nada contundente y al contrario se ha dedicado a la destrucción del Estado social, como la salud, educación y fuentes estables de empleo, lo que convierte al país en una olla de presión.
Crimen organizado
Aseveró que hablar de crimen organizado significa que el Estado ha sido permeado por esas estructuras, por ello cuando se denuncia la supuesta presencia de narco-generales, las autoridades deberían investigar a fondo y no solo de ese tema sino también de las masacres carcelarias donde hay responsabilidades hasta por omisión: “¿Dónde está el trabajo de Fiscalía?”.
De otro lado, el especialista manifestó la necesidad de una reforma policial ya que esa institución está ideologizada, lo cual se evidenció en el paro de junio de 2022, donde dos uniformadas desfilaron con la extrema derecha en Quito: “¿Acaso esa no es una forma de ideologización del trabajo policial? ¿Dónde están las sanciones a los funcionarios?”.
Política de drogas
Para Paladines la guerra contra las drogas debe ser una posición soberana y no impuesta desde los Estados Unidos, es decir el Gobierno ecuatoriano debería sentarse con su homólogo colombiano, Gustavo Petro para impulsar una política de drogas propia, porque mientras América Latina pone los muertos, el país liderado por Joe Biden tiene legalizadas casi todas las drogas.