Editorial de Radio Pichincha
El ejercicio de la política es un acto de fe pública, de convicción patriótica y para ello, como es obvio, los negocios, empresas y finanzas privadas de quienes aspiran a un cargo deben separarse, pero no solo de palabra, en los hechos, en la práctica y como una responsabilidad absoluta.
Lo que algunos llaman “democracias maduras” pasa por eso y en un proceso de largo y complejo sostenimiento se requiere de técnicos, especialistas y hasta políticos profesionales dedicados a la “cosa pública”.
En Francia hay una universidad, la de Administración Pública, por ejemplo, que forma a los tecnócratas para desarrollar las tareas del Estado, hasta un nivel, que bien puede y en algunos casos es obligado que sea de subsecretario o viceministro para abajo. Por ello, los presidentes y primeros ministros no se meten en esos niveles. Y así, garantizan el desarrollo burocrático y también políticas de Estado a largo plazo (sin importar que los gobernantes sean de izquierda, derecha o populistas neofascistas).
¿O ya nos olvidamos cómo ejercen el poder esas democracias parlamentarias donde, por ejemplo, una Margaret Thatcher, no era empleada de una empresa o propietaria de una empresa o accionista de una transnacional?
Sin embargo, en América Latina parecería que es un “hobby” o un deseo codiciado de los grandes empresarios pasar por la Presidencia y luego exhibirse como “estadistas”. Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina o Vicente Fox en México son la evidencia del “tóxico” rol que jugaron en el poder y con sus empresas. Y ni que hablar de EE.UU., país al que muchos adoran, pero jamás cuentan cómo un empresario como Donald Trump ejerció el poder pensando en sus negocios y sus socios. Y ya hace dos siglos, George Washington con miles de hectáreas de sus negocios agrícolas y más de 300 esclavos a su servicio, a pesar de ser considerado el “Padre de la Patria”, fue uno de los peores mandatarios.
Y todo esto lo mencionamos a propósito del escándalo que se ha destapado desde esta semana con los negocios de la esposa del presidente, de las acciones de sus ministros, todos para favorecer un proyecto inmobiliario en una zona ecológica.
¿Llegaron al poder para hacer negocios privados? ¿Pusieron ministros de su “confianza” para elaborar informes y aprobar procesos para la familia del Presidente? ¿Dónde quedaron sus obligaciones constitucionales y sobre todo la ética de una alta autoridad para saber discernir entre el interés público del privado?
Claro que hay pésimos ejemplos en un nivel más bajo, como alcaldes y prefectos que han hecho algo parecido, pero por su poder político han desvirtuado las investigaciones y acusaciones. ¿No fue acaso el ingeniero León Febres Cordero quien favoreció a los negocios privados con obras como el Malecón? Por si se les olvidó a algunos.
El presidente Daniel Noboa y su esposa le deben una explicación al país sobre este escándalo. Sus ministros de Ambiente, de Turismo, del Interior y el de Obras Públicas y encargado de Energía no solo que deberían informar, sino porque los elementos que se han puesto en la opinión pública ya deberían obligarlos, no solo a suspender sus actividades, sino renunciar. PUNTO