Está en juego la salud y la vida de los docentes, reclama Wilmer Santacruz, dirigente del magisterio.
Punto Noticias. El presidente de la Red de Maestros, Wilmer Santacruz, expresó la preocupación que tienen los docentes debido a que, por parte del Ministerio de Educación, no hay una información clara sobre el retorno de los profesores a las aulas, de manera presencial.
Santacruz señaló que no hay otro dato que la disposición del COE Nacional, que el 18 de enero los maestros deben retornar a sus respectivas unidades educativas, resolución que fue tomada cuando estaba vigente el estado de excepción, que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
Considera que el área de comunicación del Ejecutivo y del Ministerio de Educación está en un completo caos, como consecuencia de la falta de información y las constantes rectificaciones y correcciones a las comunicaciones oficiales difundidas.
“Al no existir una comunicación (sobre el regreso de los profesores), quiere decir que el 18 (de enero) estaríamos retornando a las instituciones educativas; y eso nos preocupa muchísimo a las maestras y maestros”, manifestó.
Santacruz rechazó esta posibilidad, porque asegura que no tienen ninguna garantía para cuidar de su salud y su vida, que, en cambio, es lo que menos le interesa al Gobierno Nacional, presidido por Lenín Moreno.
Comentó que muchos países adquieren vacunas contra el covid-19 por millones; sin embargo, aquí, anuncian apenas 50 mil vacunas para este mes de enero y ahora, con bombos y platillos, dicen que han logrado conseguir 36 mil vacunas más, criticó.
A su criterio, esto demuestra que estamos ante un gobierno indolente, que, prácticamente, ha abandonado al pueblo ecuatoriano. Y eso preocupa, manifiesta, por lo que contó que los profesores acudieron a la Defensoría del Pueblo en busca de su amparo.
Cree que están indefensos, porque no existe respuesta de los organismos a los que asistieron, porque todos están cooptados por el Ejecutivo, como la Corte Constitucional, en donde presentaron una acción de inconstitucionalidad al decreto 1.053, y hasta ahora no existe respuesta alguna.