La prohibición de suspender servicios básicos, por falta de pago, es una de las cuestiones más debatidas.
Punto Noticias. En la Legislatura, la Comisión de Desarrollo Económico tramita el proyecto de reformas a Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, propuesto por el asambleísta Esteban Melo, quien plantea un cambio integral a la norma.
El objetivo es crear un procedimiento efectivo para la defensa del consumidor, garantizar el goce ininterrumpido a los servicios básicos, alcanzar una mayor protección en derechos y promover una relación de confianza entre proveedores y consumidores.
La propuesta de normativa incluye materias que no constan en la ley actual, por lo que se cometen abusos en la prestación de servicios de transporte aéreo, terrestre, telecomunicaciones, bancarios y construcción, según Melo.
La prohibición de suspender servicios básicos de agua y luz, garantizando la prestación continua de los servicios vitales para la ciudadanía, contempla el proyecto de ley.
Promueve una relación de confianza entre proveedores y consumidores, a través de un articulado que garantice y sancione vulneraciones al derecho de consumo, promoviendo al mismo tiempo el cumplimiento de deberes de los consumidores.
Propone la creación de una oficina del consumidor, a través de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado y de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), con la facultad de conocer y sancionar económicamente a empresas que afecten los derechos del consumidor.
En la norma queda especificado que en caso de retraso en la entrega del bien o prestación del servicio, el proveedor deberá realizar una compensación económica, dependiendo del tiempo de la demora, que puede alcanzar hasta el 50% del bien.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, considera que los derechos de los consumidores forman parte del catálogo de los derechos humanos. Apuntó que la sociedad requiere un servicio o un bien que satisfaga sus necesidades.
A su criterio, la norma actual está desactualizada y no va acorde con las garantías contempladas en la Constitución, esto ha impedido que los derechos se cumplan, por ello la reforma se convierte en un tema urgente, con el fin de fortalecerlos, vía administrativa de protección.
La nueva ley debe reflejar el concepto de los derechos de usuarios y consumidores como un derecho humano; esa debe ser la lógica en la cual se debe legislar, dijo.
En opinión del asambleísta Rubén Bustamante, si bien es una ley importante para el país, es necesario debatir con los GAD el tema de la prohibición del corte de servicios básicos, debido a que con estos fondos se solventan otros gastos.
El legislador Fernando Callejas manifestó que la ley debe tener un equilibrio para que no se vean afectados ni la ciudadanía, ni las empresas o emprendimientos. Mientras, la legisladora Doris Soliz planteó que en la norma se debería precisar el rol que desempeñaría cada agencia de regulación.
La mesa parlamentaria continuará con la socialización del proyecto y tiene previsto presentar el informe para primer debate, antes que termine su periodo de gestión.
Fuente: Asamblea Nacional.