Carlos E. Flores, Pichincha Universal.- «Regresaré a Venezuela cuando salga este gobierno». Así enfatiza Lewis, a quien recogimos en el Valle del Chota (Imbabura, Ecuador). Lewis, Frank Alexander y Francisco Gómez son amigos. Los tres salieron de Isla Margarita (región insular de Venezuela). Al salir de la isla pasaron por Puerto La Cruz, Valencia y San Antonio de Táchira. La caminata comenzó desde ese punto de frontera. Como otros caminantes, los tres afirman que Pamplona (Colombia) es un lugar de fuerte frío, «hasta menos tres grados» dicen. Ellos no han visto gente morir ahí, pero tanto los pobladores del lugar y otros venezolanos que caminan por las vías, les dijeron que sí.
«Me duele dejar a mi familia», «En Venezuela nos están matando de hambre», «Con 10 millones de bolívares te pagarás un almuerzo, esa cantidad no la vas a juntar». Son expresiones que nos van relatando cada uno. Les ayudamos en el viaje hasta Quito, específicamente, en Carcelén. Ahí hay puntos de apoyo para quienes van llegando. Después, tomarán camino a Guayaquil. La meta final es Perú: hay trabajo y necesito enviar dinero a mi familia, afirman.
Para moverse desde Rumichaca hasta Huaquillas, la Cancillería ha logrado acuerdos con el sector de transporte privado para habilitar 27 frecuencias diarias. El costo del pasaje es de 15 dólares, aunque es un valor que a muchos venezolanos les resulta costoso. Esa ruta tiene las siguientes escalas: Tulcán, Ibarra, Quito, Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manta, Guayaquil, Milagro, Machala y llegan a Huaquillas.
Cuando Alfonso Morales, subsecretario de protección internacional y atención a inmigrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Ecuador), nos explicó esto también dijo que no sabe hasta cuándo eso se podrá sostener. El razonamiento es el siguiente: el sector del transporte privado considera que pierde. Es decir, de norte a sur las unidades van llenas, pero de sur a norte regresan vacías.
Un sistema parecido funciona en Colombia. Detrás del punto migratorio colombiano, a una cuadra de distancia se habilitó un parqueadero. El capitán, José Suaza, comandante de la Estación de Policía de Ipiales, nos dice que ese punto de llegada se instaló para el migrante venezolano que viaje en condición de turista. Si bien la municipalidad de Ipiales dispuso este espacio, la administración es través de un tercero que es privado. No conozco el valor de pasaje, dijo.
Hay un promedio de 25 unidades diarias llegan a este lugar, trayendo 40 personas en cada unidad. Salen desde Villa del Rosario Santander (Cúcuta) hasta Ipiales. Por otra parte, la Secretaría de salud del municipio de Ipiales y ONG’s internacionales como ACNUR y la Organización Panamericana de la Salud, les prestan primeros auxilios. “Hay personas que son vulnerables. Llegan con enfermedades, deshidratadas, con escasos recursos y aquí se le presta una atención básica”, señala Suaza.
Cuando pasamos por Tabacundo, recordamos al grupo de venezolanos que conocimos. Uno de ellos, Douglas Hernández, recordó la muerte de algunos de sus compañeros de ruta. Él los vio, no se lo contaron: murieron 4, tres murieron por hipotermia en Pamplona (una mujer de 22 años y dos hombres). Otro murió porque se cayó del camión que les llevaba, en Cali. “Ya no se pudo hacer nada, tuvimos que seguir adelante”. Salimos 43 y llegamos a Ecuador 7; muchos se quedaron en el camino, otros se regresaron porque no aguantaron el viaje, nos cuenta. Todos estos hechos ocurrieron una semana antes del día del padre. [Escucha el testimonio de Douglas]
Como él hay cerca de 25 venezolanos que buscan maneras de juntarse algunos dólares en la Y de Tabacundo. César García (Estado Aragua), por ejemplo, es un chamo de 18 años, y emigró a los 17. Salió solo y con un documento de autorización de sus padres. Se quedó seis meses en Ecuador y tuvo que salir a Perú para no quedar como ilegal, afirma. Luego regresó y, en la actualidad, ya tiene sus documentos en regla. De hecho, ya tiene fecha para obtener su visa en Ecuador.
Otros venezolanos nos relatan que dejan sus familias porque la plata no alcanza. Nadie regula nada, nos dicen. Y me lo explican de la siguiente manera: el sueldo básico es de dos millones y medio de bolívares, pero un kilo de arroz cuesta dos millones de bolívares. Un kilo de carne molida, cinco millones de bolívares. La plata no solo no alcanza, sino que pierde valor día con día. Y lo demuestran: nos regalan 10 mil bolívares. No vale nada, con eso no se compra nada. Eso nos dicen mostrando más bolívares.
Los pocos dólares que logran juntar, si bien no resuelven la vida de sus familiares en Venezuela, les ayuda mucho. El promedio de envío es de 10 dólares. La gran mayoría de venezolanos vende en los buses. Algunos les dejan subir, otros no. Quienes no les dejan subir es por desconfianza y porque son extranjeros. Quienes sí les dejan, son algunos choferes que los conocen. Día a día es una consigna diaria saber si pueden o no vender. A veces, el dinero no alcanza para comprar la mercadería, entonces, tienen que dejar en prenda algún celular, o los documentos (que es lo más común).
Giovanna Tipán nos cuenta que, en gran medida, conoce esta realidad por la alta demanda de venezolanos que llegan a los servicios del GAD de Pichincha. Sin embargo, logró conocer testimonios directos de personas que pierden la vida en el camino. Con el viaje a Rumichaca, piensan trabajar informes junto a las autoridades competentes. No deja de indicar que, si bien hay coordinación con las instancias nacionales, faltan acciones más concretas. “Creo que también es importante que todos los ministerios, todos los entes rectores, puedan identificar el rol que efectivamente cumplimos los gobiernos locales en el territorio”. [Mira la entrevista con Giovanna Tipán]
La funcionaria señala que «no todos van a llegar a Perú, muchos se van a quedar en Quito». Y muestra números para poder sostener su afirmación.
- Desde junio 2015 a julio 2018, la Unidad de Movilidad Humana del GADP ha atendido a 1920 familias venezolanas.
- El primer servicio que brinda la Unidad de Movilidad Humana, y que es requerido por los migrantes venezolanos, es Trabajo social (1164 atenciones), Asesoría legal (370), Emprendimientos (361) y Psicología (25).
- En relación a salud, de las 1224 atenciones, desde marzo del 2017 a julio 2018, 587 son atenciones a personas venezolanas. Es decir, el 48% del total recibe esa atención en salud, a través de Misión Pichincha.
- De las 587 atenciones: 320 correspondieron a mujeres; a Hombres, 266 y 01 Trans.
Tipán, junto a Yanitza Sánchez –asesora legal de la Unidad de Movilidad Humana-, tienen interés también por saber qué pasa exactamente en San Miguel de Sucumbíos. Se trata de un punto fronterizo que ha recibido ya una alerta por parte de la Defensoría del Pueblo, el 27 de junio pasado, cuando nos encontrábamos en plena frontera de Rumichaca. El documento en cuestión empieza señalando:
La Defensoría del Pueblo del Ecuador expresa su preocupación por la situación que se vive, actualmente, en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de San Miguel, provincia de Sucumbíos, en el que más de 600 personas han pasado la noche sin poder realizar el trámite de registro para ingresar al Ecuador, debido al poco personal asignado en el área de migración, y sin contar con servicios básicos (agua, saneamiento, alimentación) que les permitan satisfacer cualquier necesidad. Se debe mencionar que se enfrenta un aumento significativo en el flujo diario de personas de nacionalidad venezolana, en este paso fronterizo, que el día de ayer habría recibido a 300 personas aproximadamente.
[Revisa el documento completo]
De otro lado, están los registros de ingresos y de salidas. Para Tipán y Sánchez: en temas de movilidad humana, a nivel mundial, los sub-registros (el registro no oficial) son altos. Las fronteras son porosas, y no todos siempre ingresan por los pasos regulares o de control migratorio. “Hay que romper ese imaginario de que solo el 15% o el 20% se queda (en Ecuador). Porque lo que vemos, y de lo que recibimos en la oficina y lo que hemos visto en terminal de Carcelén, creemos que esa realidad no es la que dicen precisamente los datos oficiales” sostiene Tipán.
Con los venezolanos que conversamos, ninguno quiso ser grabado cuando afirmaban que, en Ecuador, hay redadas. “Sobre todo para los venezolanos”, nos indicaban. Esa inquietud le trasladamos a Alfonso Morales, y nos dijo que no podía dar con exactitud esa información porque el control migratorio es “competencia del ministerio del Interior, de la subsecretaría de migración y la subsecretaría de control de seguridad pública y de seguridad ciudadana”.
Sí nos dijo que esa esa es una competencia legal que se encuentra establecida en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y la Ley de Seguridad Pública. “Esa facultad que sí tiene el ministerio del Interior para efectuar esos procedimientos y cuando lo estime pertinente. No existe una determinación de fecha. Lo puede realizar de conformidad con la ley. Lo que sí tiene que garantizar es el respeto a los derechos humanos, que no se maltrate a ninguna persona, que se garantice su derecho a comunicarse, a llamar a un abogado, llamar a algún familiar, a no ser detenido ni ser llevado a un establecimiento penitenciario común porque es una infracción migratoria administrativa, no es un delito penal. Nosotros siempre hemos abogado por la no criminalización de la irregularidad migratoria”.
E incluso señaló que ha habido solicitudes concretas de algunos GADS y ciudadanos para que se realicen estos controles migratorios, desde diferentes ciudades. “Según algunas personas –eso habría que comprobarlo, estudiarlo, porque tiene que ser materia de un estudio serio- de que la presencia alta de ciudadanos extranjeros en nuestro país puede contribuir al aumento de la inseguridad. Hay que estudiar eso. No se puede asegurar que así sea. Eso es posible como puede no serlo. La inseguridad existe como un problema social de todos los países”.
La persona que comete un delito no se le puede asociar con una nacionalidad. La persona es responsable de la infracción que comete, no tiene nada que ver la nacionalidad, enfatiza Morales.
Sin embargo, la migración venezolana seguirá abriendo desafíos e interrogantes mientras la crisis social, política y económica persista en Venezuela. Por ejemplo, ¿existen mecanismos de regulación para las organizaciones no gubernamentales que prestan ayudas, sobre todo económicas, a los migrantes venezolanos? En ese sentido, ¿hasta qué punto es pertinente entregar dinero en efectivo a quienes caminan sin ningún recurso, salvo lo que le llevan puesto? Ecuador pronto pedirá a todos los turistas el seguro de salud para poder entrar al país, ¿los venezolanos que llegan a pie y no cumplan con este requisito, se quedarán en los puntos migratorios?
Otra interrogante es cómo responden las autoridades ecuatorianas ante el problema de la documentación, particularmente, en niños y niñas de Venezuela. Hace una semana, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento al respecto, que señala:
Según cifras proporcionadas por UNICEF, desde el 17 al 22 de julio a un total de 452 niños, niñas y adolescentes no se les ha garantizado su derecho a obtener una condición migratoria. Una de las principales razones es la falta de reconocimiento de la partida de nacimiento como documento válido de identificación, incumpliendo lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Ante esta grave situación, la Defensoría del Pueblo reconoce la decisión política tomada el día de ayer 23 de julio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y del Ministerio del Interior para adoptar junto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social un mecanismo que garantice un sistema de protección complementario para niños, niñas y adolescentes al momento de ingresar al territorio ecuatoriano con el fin de evitar su inadmisión, que en la práctica, ha provocado que entren al país en situación irregular junto con las personas con las que viajan.
[Revisa el documento completo]
Esta migración persistirá: unos cruzando hasta el Perú, otros quedándose en Ecuador. Los que no pueden tomar un bus, lo harán a pie. Como las centenas de personas que parten desde Cúcuta.