Más de 100 organizaciones y académicos rechazan la calificación de Moody’s y destacan la necesidad de hacer una reforma a la arquitectura financiera internacional en donde las deudas soberanas dejen de ser calificadas por agencias privadas.
La agencia calificadora Moody’s advirtió que el resultado de la consulta popular en Ecuador que prohíbe explotar el bloque 43 del Yasuní y el Chocó Andino, podría tener repercusiones negativas en la calificación crediticia del país.
Actualmente la situación de Ecuador está en el “Caa3”, es decir un riesgo crediticio considerablemente alto.
Por ello, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latinddad) envió un comunicado en el que se suman más de 100 organizaciones y académicos para rechazar este tipo de injerencia de organismos internacionales sobre las decisiones soberanas de los países en desarrollo.
“Las agencias crediticias privadas desempeñan un rol perjudicial al agravar los costos financieros en los países en desarrollo, intensificando la carga de su deuda externa y ejerciendo una presión destructiva sobre el medio ambiente”, señaló Pablo iturralde, investigador en Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador.
Para Pablo Iturralde la alerta de Moodys podría generar un mal precedente en otros países que busquen combatir de manera efectiva el cambio climático e inicien procesos de transición energética.
De su lado, Rodolfo Bejarano, analista senior de Latinddad, remarcó la necesidad de impulsar una reforma a la arquitectura financiera internacional para que las deudas soberanas dejen de ser calificadas por estas agencias privadas y se promuevan criterios objetivos de evaluación donde se ponga en el centro a las personas y el planeta.
Iolanda Fresnillo, directora de políticas e incidencia de EURODAD afirmó que la reacción de Moody’s evidencia que las agencias de calificación de riesgo son una herramienta de los mercados financieros para disciplinar a los gobiernos en favor de los intereses de los inversores y contra la descarbonización de la economía.