El Ejecutivo exhorta a la Asamblea dar trámite a las reformas a la Ley de Movilidad y al Código de Seguridad.
Punto Noticias.- El presidente Lenín Moreno anunció que con las reformas a la Ley de Movilidad Humana se podrá “expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos”.
El mandatario exhortó a la Asamblea Nacional que apruebe la propuesta que fue enviada por el Ejecutivo en julio de 2019, así como dé trámite al Código de Seguridad, con el fin de enfrentar la inseguridad en el territorio nacional.
Durante un encuentro en Carondelet con autoridades locales y en el que también estuvo presente la ministra de Gobierno, María Paula Romo, Moreno señaló que todos los ciudadanos “que vienen a disfrutar de las maravillas de este país siempre son bienvenidos, no así los que vienen a dañar a nuestra sociedad”.
Las declaraciones del jefe de Estado se dieron luego de que el fin de semana se registró el asesinato de Mariana Granja, de 68 años, en los exteriores de un centro comercial del norte de Quito. Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue detenido por ser el principal sospechoso del crimen.
Tras reconocer que el tema de seguridad es prioritario, el mandatario dijo que es necesario trabajar de manera coordinada.
En ese contexto, este martes 4 de febrero, la ministra Romo informó sobre la firma de un convenio de seguridad con 53 municipios del país.
Hasta el momento, el Ejecutivo ha suscrito este tipo de acuerdos con 138 alcaldías y ha destinado USD 100 millones para la construcción de Unidades de Policía Comunitaria (UPC), a escala nacional.
Entre los acuerdos suscritos consta la elaboración de planes locales en materia de seguridad ciudadana y la colaboración para el mantenimiento y operación de las UPC.
El pasado 3 de febrero, el comandante de la Policía, Patricio Carrillo, se refirió a nuevas amenazas que se presentan por el flujo inusual de ciudadanos que vienen en condiciones negativas a este país.
Carrillo reconoció que la vulnerabilidad del marco legal impide que la Policía tenga una legítima defensa ante un riesgo inminente, por lo que en las reformas a la Ley de Movilidad Humana se plantea una reforma al procedimiento para deportación, una vez que el trámite se demora de seis a ocho meses.
Desde julio de 2019, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea tiene en su poder el análisis de la propuesta del Ejecutivo.
Fernando Flores, presidente de la mesa legislativa espera que hasta fines de mes, el informe pase al Pleno para su debate.
Por otra parte, el mandatario sostuvo que con estas normativas se mejorará el servicio de defensa, de inteligencia y por ende la seguridad ciudadana.
Fuente: El Comercio, Presidencia de la República, redes sociales