Pilar P. y dos personas más, se acogieron al procedimiento abreviado (se declararon culpables del delito). Mientras, otras tres personas esperan la audiencia de juicio. En 2020 se realizaron algunos allanamientos con los que se dio paso a la investigación.
Punto Noticias.- El Tribunal de la Corte Provincial acogió el pedido de la Fiscalía y negó el recurso de apelación presentado por Pilar P., sentenciada a dos años por asociación ilícita y concusión ante el cometimiento de actos de corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La sentenciada pretendía una reducción en la reparación integral al Estado ecuatoriano impuesta por el valor de USD 817.217.
Pilar P. y dos personas más se acogieron al procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad al exigir comisiones (dinero) a proveedores del Estado para agilizar el pago de valores pendientes. Mientras, tres personas más esperan audiencia de juicio.
Desde marzo de 2019 hasta mayo de 2020, el Ministerio de Economía, direccionado por Richard Martínez, presentó 12 denuncias en la Fiscalía, ante posibles casos de tráfico de influencias, concusión, usurpación y simulación de funciones públicas, entre otros, delitos tipificados y sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El 07 de mayo de 2020, se dieron 11 allanamientos en el Ministerio de Economía tras las denuncias de corrupción. Ese día, Martínez dijo que dieron un duro golpe contra la corrupción con los allanamientos en tres ciudades para combatir una red que operaba chantajeando a proveedores del Estado, exigiendo porcentajes, cuotas o comisiones por “agilizar” sus pagos.
Con las denuncias presentadas, la Fiscalía empezó la investigación y en mayo de 2021, la entidad consideró que varias personas aprovechando su condición de servidores públicos se beneficiaban económicamente.
Las investigaciones determinaron que dos funcionarios públicos y cinco ciudadanos más habrían exigido cuotas a cambio de agilizar los procesos de pago de proveedores de instituciones públicas.
Además, se identificó un concierto de voluntades para delinquir, entre funcionarios públicos que tenían acceso a información respecto a la lista programada para pagos en el MEF y personas externas a esta institución, que se encargaban de tomar contacto con los proveedores.
Con este modus operandi, se exigía el pago del 4% al 5% de comisión sobre el monto pendiente de pago en el MEF y de esa manera acelerar el trámite para el desembolso; incluso, amenazándolos con que no se haría su pago si no accedían a otórgales la comisión solicitada.
De acuerdo con los elementos obtenidos en la investigación, el valor recaudado por la presunta asociación delictiva fue de USD 3’360.348,19.
Luego de que la Fiscalía formuló cargos por asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones, la jueza Yadira Proaño sentenció a los procesados Pilar P., Jenny L. y Álvaro L. (funcionario público) a una pena privativa de libertad de dos años. Los tres se sometieron a un procedimiento abreviado, es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos. Además, les dispuso el pago como reparación material al Estado de USD 817.217.
Por otra parte, los procesados Walter M., Luis A. y Eduardo V. (funcionario público), fueron llamados a juicio.
Mientras que para Ángel P. se le dictó auto de sobreseimiento.