La norma deberá ser aprobada por el Legislativo en un plazo de 18 meses.
Punto Noticias.- Tras seis sentencias de la Corte Constitucional, una nueva reforma a la Ley de Movilidad Humana entrará en debate en la Asamblea. En sus 24 artículos y seis disposiciones, el proyecto busca cubrir el principio de no devolución, deportación y admisión, refugio y revocatoria de la nacionalidad.
Dichos cambios incorporaban restricciones a la movilidad humana y penalizaba con prisión a los migrantes por su estatus migratorio, señaló Nina Guerrero, exdefensora Pública, quien también participó en la mesa de redacción de la nueva propuesta.
Con el fin de cumplir con lo establecido por la Corte, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), deberá sesionar en los próximos días para calificar el proyecto que fue presentado el pasado 3 de agosto.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones civiles que velan por los derechos de la población migrante del Ecuador.
La Corte Constitucional adicionalmente, en una sentencia previa, estableció que es inconstitucional, y violatorio de derechos humanos, privar a un migrante de su libertad por su situación migratoria. Esto en referencia al caso de cinco cameruneses y un nigeriano que fueron retenidos en el aeropuerto de Quito el pasado 27 de enero del 2022.
Además, en la nueva reforma se incluyeron otras sentencias de la Corte que prohíbe la expulsión colectiva de migrantes, y solicita un trato diferenciado para niños migrantes en relación a las normas actuales.
Así, la Corte busca que se respeten las garantías básicas en el procedimiento de deportación y se replanteen las causales de inadmisión para garantizar un proceso óptimo de revisión del estatus migratorio de cada ciudadano; planteando a la deportación como el último recurso legal posible.
Por otro lado, la Corte Constitucional planteó que no se debería iniciar el trámite de deportación de los migrantes con base a la información y los datos obtenidos por instituciones públicas que hayan prestado un servicio o atención a los extranjeros y que no se podrá expulsar a la persona si su vida o la protección de sus derechos se ven vulnerados a causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, género, orientación sexual, pertenencia a determinado grupo social, y opiniones políticas.
La solicitud de estas reformas se da en medio del segundo proceso de regularización de ciudadanos venezolanos en nuestro país que se espera se inicie el próximo 1 de septiembre y que se prevé que atienda a 300 000 personas.
El registro de los extranjeros será la primera etapa para su regularización y esta fase estará a cargo del Ministerio del Interior.
Redacción: Ángel Cóndor