La funcionaria está en libertad, gracias a la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares.
Punto Noticias. Nicolás Salas, abogado de la secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca, destacó la decisión judicial de cambiar la prisión preventiva por otras medidas cautelares, como uso de grillete electrónico, a favor de la procesada.
Abarca está involucrada en el proceso abierto por Fiscalía por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas para detectar COVID-19, por parte de la Alcaldía capitalina.
A decir del jurista, para levantar la prisión preventiva a favor de Abarca, el tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha tomó en cuenta que la Fiscalía no justificó la proporcionalidad, necesidad y razonabilidad de la medida.
Salas contó que, en la comparecencia de su defendida a rendir su declaración en el proceso, como procesada, abarca explicó, de manera detallada, los elementos técnicos, jurídicos y epidemiológicos que se tomaron en cuenta para terminar el contrato, por mutuo acuerdo y no de manera unilateral, que es la tesis de Fiscalía.
A criterio del abogado, hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio para entender la necesidad de la compra de los test. Señaló que, en junio de 2020, cuando estábamos en la primera y más crítica ola de la pandemia en Quito, el ritmo y la cantidad de pruebas de diagnóstico, que son tan importantes, no se estaba realizando en la dimensión que correspondía.
A su entender, si el contrato se daba por terminado de manera unilateral, no se hacía una sola prueba más en la ciudad, lo que hubiera significado que más quiteños hubieran perdido su vida, según alertaron varios especialistas que comparecieron a la investigación, para entregar sus criterio epidemiológicos y técnicos, señaló.
Salas sostuvo que la decimonovena transitoria de la Ley de Ayuda Humanitaria estableció que no se podía dar por terminado los contratos, de manera unilateral, por parte del Estado, convirtiéndose en un obstáculo legal que no permitía proceder como querían Contraloría y Fiscalía.
Todas estas consideraciones, además del argumento de que las pruebas no eran “chimbas”, como se difundió maliciosamente, llevaron a Ximena Abarca a continuar el contrato para que se sigan realizando las pruebas, que redundó en la salud de los quiteños, aseveró el jurista.