La persecución política contra el pueblo mapuche se mantiene firme en Argentina. Santiago Maldonado perdió la vida luego de una brutal represión en agosto en la que se pedía la liberación del lonko de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen.
Los reclamos por el juicio arbitrario en su contra que busca deportarlo a Chile donde está acusado de terrorista, en aplicación de una ley que criminaliza la protesta social, terminaron también con decenas de detenidos, incluidos niños y mujeres.
El juez Villanueva, sin siquiera apersonarse, dictó la extradición por webcam, algo inédito y que muestra la urgencia por avanzar en esta decisión que tiene el ministerio de Seguridad que controla Patricia Bullrich.
“Siempre supimos que la decisión estaba tomada. El poder político y el poder judicial están en connivencia”, afirmó Jones Huela. “Usan mi causa para tapar el asesinato de Rafael Nahuel”, en referencia al joven asesinado a balazos por la espalda en Villa Mascardi tras una protesta, en las inmediaciones de San Carlos de Bariloche.
Jones Huala criticó el fallo judicial y señaló que “como ciudadano argentino tengo derecho a ser juzgado acá. Los delitos por persecución política no son extraditables”. El líder originario también denunció que le ofrecieron la libertad, a cambio de abandonar los reclamos por las tierras ancestrales mapuches.
Jones Huala representa una pequeña facción del pueblo mapuche, la más hostilizada, no por eso se debe tomar menos en cuenta sus dichos de que “para el pueblo mapuche se acabó el diálogo, nos consideran un peligro para su clase social, para su racismo dominante que nos quiere tener como mano de obra barata”. Y continuó ásperamente “el único diálogo que ellos han dado es el de las balas, el de una alcohólica que lo único que sabe hacer es meter plomo”.