Estos eventos se organizarán de forma obligatoria en 17 provincias y 21 ciudades.
De cara a las próximas elecciones seccionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrollará debates obligatorios para que los candidatos a alcaldes y prefectos mantengan un intercambio de ideas en público. Además, la entidad electoral ya aprobó el calendario para el mes de febrero del 2022.
El debate será un requisito obligatorio en los territorios que cuente con más de 100 mil habitantes aptos para ejercer el derecho al voto, lo que incluye a 17 provincias y 21 ciudades, así lo señala el artículo 202.2 del Código de la Democracia y subraya que en el resto de los lugares donde la población electoral es menor, el mecanismo será voluntario.
Las provincias por ende que deberán cumplir con este requisito son: Azuay, Cañar, Carchi, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Loja, Guayas, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Santo Domingo y Pichincha; y las ciudades que se incluyen en esta categoría de obligatoriedad son: Cuenca, Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Chone, Santa Elena, Babahoyo, Quevedo, Machala, Loja, Guayaquil, Durán, Milagro, Daule, Riobamba, Ambato, Latacunga, Ibarra, Otavalo, Santo Domingo y Quito.
El reto para el Consejo Nacional Electoral radicará en preparar los debates debido a la gran cantidad de candidatos; ya que, al momento, 260 organizaciones políticas están vigentes y 70 están en proceso de aprobación. Estos debates están previstos para el 14 y el 15 de enero del 2023, de tal forma en que todas las ciudades y provincias que están obligadas a cumplir con esta ceremonia se acojan al cronograma.
Para Enrique Pita este será un nuevo reto que requerirá la colaboración de los medios de comunicación y los diferentes colectivos sociales que estén inmiscuidos en el proceso electoral, debido a que “por cada provincia habrá 10 o 12 candidatos para prefecto y por alcaldías será igual”.
Adicional a la implementación de los debates como requisito obligatorio, el Código de la Democracia adoptó la inclusión del aumento de la participación de las mujeres y de los jóvenes en las candidaturas, con un 30% y un 25% de participación obligatoria en los partidos respectivamente
De igual forma, en esta celebración democrática, se implementará el control antilavado que buscará confirmar el origen lícito de los aportes de campaña de cada movimiento político, aunque aún no se ha definido si este control también incluirá los gastos en redes sociales, ya que en las últimas tendencias las inversiones en estas plataformas con fines publicitarios fueron exorbitantes.
Redacción: Ángel Cóndor