Juan Carlos Solines es integrante de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia que conformó la defensoría del pueblo para investigar los hechos suscitados en las protestas del mes de octubre, en contra de las medidas económicas del Gobierno.
La comisión no solamente conocerá y analizará el informe de las Naciones Unidas (NNUU), sobre el uso desproporcionado de la fuerza en las protestas de octubre, sino que recibirá informes de otras instituciones del Estado que también prepararon, aseguró el comisionado, “no hay dos ni tres verdades, hay solo una y trataremos de acercarnos a ella”
En la entrevista se insiste en que hay otras verdades aquellas que cuentan las organizaciones sociales, indígenas, perseguidas política y judicialmente, unos acusados de rebelión en contra del gobierno nacional.
Pero Solines insiste en que “hay varias perspectivas, la verdad es una sola, y se verá donde se irrespetaron normas locales e internacionales, nuestra acción será escuchar a todas las organizaciones sectores involucrados, opiniones, diálogos y testimonios, tratando de hacer un análisis objetivo. Lo que se tratará es que el informe final se acerque a lo pasó en la realidad”.
“Hay varias teorías e intereses que defender y nosotros nos hemos identificado en la defensa de los derechos humanos en los distintos momentos que ha vivido el país a través de su historia” asegura el comisionado de la Defensoría del Pueblo.
“Esta comisión que viene de diferentes sectores vamos a contribuir desde nuestro conocimiento y experiencia, esta comisión tiene que hacer un análisis que aún no se ha terminado de definir los alcances que tienen y es un conflicto en marcha”.
Si bien es cierto que luego de la derogatoria del paquete de medidas, hay otro que se está construyendo esta es una tarea delicada y necesita mucha objetividad, y para Solines, se hará el mejor del trabajo.
Frete a la duda de la Comisión por sus integrantes que son allegados al Gobierno, el Comisionado señala que “son opiniones políticas, que lo hemos hecho todos los ecuatorianos, como un espectador más, ahora soy miembro de una comisión que tiene que analizar y revisar en relación a la normativa nacional e internacional, nada debe deslegitimar por el hecho de haber trabajado con varios gobiernos”.
Para Solines el ser crítico y apoyado las decisiones del gobierno, y estar confrontando la criminalización de la protesta social y puedo reconocer los aciertos y desaciertos.
“Eso pasa a segundo plano cuando estamos en una misión una misión defensorial, se trata de ser lo suficientemente imparciales para lograr hacer un informe imparcial. Nosotros no conocemos sobre los procesos investigados por la fiscalía, por ello deberemos escuchar a todos los involucrados”.
“Si el informe de las NNUU indica sobre uso excesivo o innecesario de la fuerza, deberíamos escuchar que alternativas técnicas se proponen” cuál es el real nivel de amenaza que enfrentan las fuerzas del orden en relación a las amenazas que pueden estar recibiendo”.
“La comisión ha definido fuentes de información y metodologías, logística y testimonios, se analizaran los insumos que facilitará la Defensoría del Pueblo”, aseguró.
Esta Comisión de la Verdad y Justicia tiene 90 días para entregar su informe.
Para Solines “la protesta social debe ser reivindicada de un modo correcto y aprendamos quien actuó mal, donde se cometieron errores y eso nos pueda proyectar para hacer valer nuestros derechos de manera adecuada y legal” asegura.
Según el comisionado, existe una “teoría de estrategia de desestabilización contra el Gobierno, montada u oculta dentro del levantamiento o movimiento indígena”, concluyó.