Hoy se debate en el Parlamento catalán la implementación de una ley que le dé cobertura legal al referendo sobre la independencia que las autoridades locales convocaron para el 1 de octubre.
El gobierno español no autorizó dicho referendo y la justicia española ha buscado impedirlo de todas las maneras posibles. El Parlamento busca amparar con esta ley la realización de la consulta.
La coalición Juntos por el Sí, que integran Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Partido Demócrata Catalán (Pdecat), indicó que la nueva norma legitimaría una votación sobre la escisión de España basada en el principio de autodeterminación.
Mariano Rajoy, el presidente español, vocifera que se busca “liquidar la democracia española” y que no lo va a permitir. Las metáforas utilizadas por el mandatario equiparando el referendo con un atentado terrorista, no hacen más que echar más leña al fuego.
La vieja cantinela de la “unidad de España”, suena a antigüedad. Lo cierto es que las intenciones de generar un cambio radical de políticas públicas, tampoco se ve posible con la autodeterminación, ya que la propia Cataluña ha estado siempre gobernada por partidos conservadores y una clase burguesa local muy poderosa.
Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y es una de las regiones más ricas de España, con una lengua y cultura propias, busca afianzar su autonomía, luego de que en 2010 el Tribunal Constitucional anulara leyes regionales que formaban parte de un nuevo Estatuto de gobierno. Cada 11 de septiembre, la fecha nacional, millones de catalanes salen a las calles a reivindicar su forma de vida e identidad propias.