La defensa del expresidente del Consejo Directivo del IESS señala que hubo violaciones al debido proceso.
Punto Noticias.- El expresidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, quien forma parte de los 12 procesados por presunta delincuencia organizada en convenios de pago a hospitales del IESS, en Guayaquil, cuestiona el proceder de la administración de justicia en su caso.
Granda considera que, si la tesis de la Fiscalía es porque se reunió en un hotel con Abdalá Bucaram Pulley, más conocido como Dalo, y a él ya lo sobreseyeron no entiende por qué a él lo llaman a juicio.
Con este antecedente, explica que si el juez Ronald Guerrero ya sobreseyó a Dalo y a él no, es porque hubo “presiones”.
Eso es lo que cree Granda basándose en conversaciones que dice haber tenido con los investigadores de la Fiscalía, aunque aún desconoce de quién vinieron esas presiones.
No descarta que sean las mafias o de aquellos de los que en su momento denunció por actos de corrupción.
Para la Fiscalía es un hecho que Granda desde su cargo habría favorecido la suscripción de convenios de pago a proveedores en el IESS. Pero el exfuncionario afirma que la institución no tiene pruebas de ello, y que así lo demostrará en la audiencia de juzgamiento.
La diligencia estaba prevista que se reinstale ayer, pero ante la excusa de uno de los jueces del Tribunal esta se difirió y aún no se conoce la nueva fecha y hora.
El Tribunal de Garantías Penales que tratará el caso está integrado por los jueces José Francisco Dávila, Dora Vargas Troncoso e Isabel León Burgos.
En este caso, a más de Granda, son procesados Jacobo Bucaram Pulley, Daniel Salcedo, Noé Salcedo, Luis Jairala, Jorge San Lucas, Karina Cadena, Pablo Mendoza, Jorge Henriques, Federico Zenck, Susana Mera y Javier Jordán.
Y además de Abdalá Bucaram Pulley fueron sobreseídos, en mayo pasado, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel; y Stéfano Adum.
Para Juan Carlos Salazar, abogado de Granda, el proceso es “injusto” en contra de su cliente. Uno de los puntos en los que basa su afirmación es que los convenios de pago se habrían suscrito entre el 2016 y septiembre del 2018, y Granda llegó al IESS como delegado del expresidente Lenín Moreno en diciembre de ese año.
Otro aspecto es que el Consejo Directivo del IESS no tiene entre sus atribuciones la firma de contratos. El artículo 115 de la Ley de Seguridad Social señala que los hospitales son autónomos administrativa y financieramente.
“El único funcionario de alto rango vinculado es Granda, y esa vinculación es incorrecta e indebida, tanto por los tiempos como por los roles que él tenía en la institución”, enfatiza Salazar.
La defensa de Granda señala que hubo hasta un irrespeto al debido proceso, ya que se acusó a su cliente cuando faltaban 22 días para el cierre de la instrucción fiscal, pero la norma dice que debe tener al menos 30 días para defenderse.
Una de las pruebas presentadas por la Fiscalía es la bitácora de visitas a un hotel de Guayaquil que daría cuenta de una reunión entre Granda y Dalo Bucaram, además de algunos de los procesados, para hablar de los contratos otorgados supuestamente con sobreprecios. Pero para Salazar es cuestionable la validez de ese documento, debido a que fue manipulado y alterado, y los guardias de seguridad no pudieron reconocer a Granda cuando los fiscales les mostraron fotografías de su rostro.
El abogado menciona que, si la reunión se dio, por qué Dalo fue sobreseído del caso.
Ante esto Granda manifiesta que para el sobreseimiento el juez dijo que una relación de amistad no necesariamente genera una vinculación para una estructura criminal y que la bitácora de un hotel no es prueba suficiente. Sin embargo, bajo ese mismo argumento a él sí lo habría llamado a juicio, por lo que considera indispensable que se discuta si es una prueba contundente o no.
Al ser cuestionado si hubo o no la reunión con Dalo, Granda afirma que sí, pero no en ese lugar y mucho menos para tratar el tema del que es acusado.
Al momento Granda cumple arresto domiciliario en su departamento ubicado en el sector de Tumbaco, pero hace unos días pidió que se le permita trasladar a la casa de su padre, para arrendar el lugar y así obtener ingresos.
Su familia inició una campaña para exigir justicia y el pasado 15 de junio realizaron un plantón en Cuenca y planifican uno para el próximo 21 de julio, en Quito.
Fuente: El Universo, Fiscalía, redes sociales