La Policía criticó que la defensoría haya realizado una conciliación con tres ciudadanos detenidos, que entre ellos suman 18 procesos judiciales.
Punto Noticias. Una agente de la Policía Nacional, del Distrito Cayambe-Pedro Moncayo, reclamó que dos funcionarios de la Defensoría Pública “liberaron” a dos presuntos delincuentes. La entidad, en respuesta, rechazó los comentarios de la uniformada y aseguró que su trabajo se enmarca en la Constitución.
El viernes 21 de noviembres, cuatro ciudadanos fueron detenidos en flagrancia por ingresar a un domicilio para sustraer electrodomésticos.
La Policía difundió las imágenes de los antisociales que la ciudadanía los identifique y puedan informar si también fueron víctimas de estas personas. Solo entre tres de los cuatro detenidos suman 18 procesos judiciales, entre robo hasta asesinatos.
“Estas personas detenidas, ayer, salieron en libertad. Nosotros como Policía entendemos que es legal el procedimiento, resaltamos la participación tan activa de la Defensoría Pública, es realmente sorprenden cómo dos defensores públicos para defender a estos presuntos delincuentes”, reclamó la uniformada, que no se identifica en un video, sobre la rueda de prensa que realizó para denunciar el trabajo de la entidad.
Señaló que se alcanzó un acuerdo con los detenidos para reparar a las víctimas con el pago de $800. “Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero nos encontramos con estas respuestas de la administración de justicia. Qué tan moral resulta tener a dos defensores públicos para garantizar derechos de procesados y no tenemos a ningún para garantizar los derechos de las víctimas”, reprochó.
En respuesta a estas declaraciones, el defensor Público General, Ángel Torres, rechazó de manera contundente y enfática los comentarios vertidos por la representante de la Policía Nacional, “quien con absoluto desconocimiento de nuestro rol institucional y el accionar de los defensores públicos, emitió varios comentarios que atentan contra del buen nombre y accionar de la Defensoría Pública e incluso se pone en riesgo la vida e integridad de nuestros funcionarios”.
Explicaron que, por mandato constitucional, la Defensoría debe garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, aplicando todas las herramientas jurídicas como es la conciliación.
“Este es un válido mecanismo alternativo de solución de conflictos que tiene coherencia con el principio de mínima intervención penal, es decir, que el poder sancionador no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios que sean efectivos para la reparación a la víctima, que debería ser el verdadero objetivo de los procesos judiciales”, señaló.
Además, señalan que la conciliación se realiza entre el procesado y la víctima, por lo que, el contacto que el defensor público tenga con la víctima para dar a conocer que existe la posibilidad de llegar a una conciliación es absolutamente legal y ético pues depende exclusivamente de la voluntad de la víctima, aceptarlo o no.