Allanamientos y atentados contra viviendas denunciaron los investigadores del caso León de Troya, que trata de presuntos vínculos de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, con la mafia albanesa.
Punto Noticias.- “Mi esposo es el siguiente en la lista. No quiero ser la próxima viuda”. Esa fue la alerta que levantó Erika Mena, esposa del coronel de Policía, José Luis Erazo, quien al igual que el teniente Ronny Rengel, teme por su vida. Ellos investigaron el denominado caso León de Troya, que involucra presuntamente al cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, y a otros funcionarios del Gobierno, con la mafia albanesa.
Este miércoles 30 de agosto, los familiares de los policías en servicio activo, acompañados de los abogados Stalin Raza y Juan Carlos Salazar, denunciaron persecución por parte del Gobierno Nacional y del Estado ecuatoriano, a través de acciones como allanamientos a oficinas y viviendas.
«El domingo 27 de agosto, entre las 00:15, se realizaron disparos fuera de mi casa. Ha sido allanada la habitación de mi hijo, se le retiraron los teléfonos (…)», resaltó Orlando Rengel, padre del teniente Ronny Rengel.
Estos allanamientos, por parte de la Fiscalía, también se ejecutaron en las oficinas del coronel Erazo. Su esposa responsabilizó al Gobierno de lo que suceda con su cónyuge y con su familia. La familia Rengel también responsabilizó a Lasso, al ministro Juan Zapata y al comandante de la Policía, Fausto Salinas, de la vida del teniente.
🔴 #Atención | Erika Mena, esposa de José Luis Erazo, informa que hace meses pusieron una denuncia por intimidación, pero no han obtenido respuesta. Además, hace una semana la @FiscaliaEcuador, junto a @PoliciaEcuador, allanaron la oficina de Erazo. “Responsabilizo al Gobierno de… pic.twitter.com/Yce2pzO7Dk
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) August 30, 2023
Ante la falta de garantías de seguridad, para Erazo y Rengel, sus abogados anunciaron la presentación de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es que la CIDH obligue al Estado ecuatoriano a salvaguardar la integridad de los oficiales y de sus familias.