El exdirector de Asesoría Jurídica del CJ habló, además, sobre supuestas irregularidades cometidas durante la administración de Wilman Terán, entre cobro por cargos y un concurso de jueces nacionales arreglado.
Punto Noticias.- Como parte de su testimonio anticipado en el Caso Independencia Judicial por presunta obstrucción a la justicia, Álex Palacios, considerado la mano derecha del expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, contó cómo Terán y los exvocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz elaboraron con su equipo de colaboradores denominado “cerebro” el informe para sancionar y destituir al entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías.
Palacios, quien es testigo protegido de la Fiscalía y laboró en la Judicatura entre marzo y agosto del 2023, primero como Coordinador de Presidencia y luego como Director de Asesoría Jurídica, señaló que las actuaciones en relación a Macías se dieron entre mayo y agosto del 2023.
Dijo que para la elaboración del informe se ordenó, el 10 de mayo del 2023, a Marcela Vaca, funcionaria de la Judicatura, que realice el informe. De ella, Palacios comentó que era una víctima y que la había visto llorar por las arbitrariedades cometidas.
Contó que le pidieron a Marcela Vaca, subdirectora nacional de Control Disciplinario, que suba al piso 14 del edificio central del Consejo de la Judicatura, en Quito, todos los expedientes relacionados con el entonces juez Macías y en ese lugar conocido como el “Cuarto de Guerra No. 1” la encerraron con los asesores de Terán como Santiago Cifuentes y los de la exvocal Barreno como Milton José Altamirano, Jéssica Chicaiza y Natalia Vivanco para que elabore el documento.
Cifuentes manejaba todo lo referente a las reuniones de los Plenos del Consejo de la Judicatura y fijaba las horas y fechas de las sesiones. Según Palacios, Cifuentes era visto por Terán como el de la “mente brillante”.
Sostuvo que en las reuniones que mantenían se dieron las directrices para que el informe de admisibilidad sobre la situación de Macías tenga fundamento. Analizaron las denuncias en contra de Macías efectuadas por Barreno porque la exvocal quería que el juez deje de tramitar su causa de tráfico de influencias en el Caso Vocales, así como por Esteban Celi en el Caso Las Torres.
Recordó que cuando Marcela Vaca hizo el informe de admisibilidad fue revisado por Terán y con Maribel Barreno dieron el visto bueno para que en la sesión de pleno del 11 de mayo del 2023 se suspendiera a Macías. Calificó a esta acción como un capricho de Barreno.
Palacios comentó que ese mismo día se reunió con Terán para indicarle que esa no era la manera de sustituir a un juez nacional, situación que fue conocida por la exvocal Barreno.
Mencionó que lo catalogaron como ignorante y le advirtieron que no tenía voz ni voto. Ante esta situación dijo que intentó comunicarle de lo que iba a suceder a Macías porque la idea era que no podía regresar a la Corte. Incluso, señaló que todas las garantías jurisdiccionales presentadas por Macías fueron controladas por Terán, Barreno y Muñoz, así como analizaban estas acciones Santiago Aráuz, quien se desempeñaba como director Provincial Administrativo de Pichincha del Consejo de la Judicatura y Marcelo Villegas, quien laboraba como Director Provincial en el Ámbito Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) de Manabí.
Acotó que Michael Hernández tuvo la misión de conseguir que el juez nacional Felipe Córdova tramite la recusación en contra del juez Macías interpuesta por Barreno. Pero esa recusación no prosperó por lo que tuvo que renunciar a la Judicatura ante el mal ambiente laboral que le generaba la exvocal.
Alerta falsa y allanamiento
Contó que el 11 de mayo también hubo una alerta de bomba que -para él- todo fue planeado porque Terán les dijo que no pasaba nada.
Mencionó que al día siguiente (12 de mayo del 2023) la Fiscalía allanó el edificio del Consejo de la Judicatura y subrayó que como ya se tenía la alerta, se ordenó desconectar los ascensores, con el fin de que no lleguen a las oficinas.
Expresó que el allanamiento habría provocado la ira de Terán, quien por pedido de Barreno quería que se aproveche el supuesto plagio de la tesis en la que se le involucraba a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para suspenderla y luego sustituirla.
Explicó que, con el propósito de hacer a un lado a la fiscal Salazar, el plan era tomarse las fiscalías de todo el país. Sin embargo, dijo que el plan no resultó porque la Judicatura no tenía la potestad para destituir a la fiscal.
El 29 de mayo del 2023, el Pleno de la Judicatura intentó que se apruebe el informe para sancionar a Salazar, pero por falta de quórum no prosperó. Sin embargo, un día después Terán en un comunicado recalcó que se trataba de un informe elaborado por una denuncia recibida en contra de Salazar y que seguía el trámite normal.
Los cuartos de guerra
El testigo protegido de la Fiscalía señaló que para Terán existían dos cuartos de guerra. El uno en el piso 14, en donde están distribuidas 10 oficinas y al que se entraba con tarjeta magnética y, el segundo, en el edifico Multicentro, en donde se trataban “cosas íntimas”. Es decir, reuniones con políticos y jueces como habría sido el caso de una reunión con el juez Byron Guillén, a quien se le había pedido analizar el recurso de revisión del Caso Sobornos, así como que se trámite la resolución para que se extienda a nueve años los períodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Palacios señaló que él iba a conseguir lo votos para que se beneficie con esa resolución a jueces como: Byron Guillén, Felipe Córdova, Mercedes Caicedo, Gilda Morales y Fabián Racines.
En el piso 14, Terán habría mantenido reuniones con su equipo de confianza denominado “cerebro” entre los que estaban Santiago Cifuentes, David Guzmán, Fabricio Herrera, Hitler Barragán, Fabricio Herrera, Remigio Manosalvas, entre otros.
Compra de cargos
Palacios comentó que se repartían las direcciones provinciales y otras direcciones de la Judicatura entre Terán, Barreno y Xavier Muñoz. Sostuvo que Hitler Barragán, Ricardo Melo y Fabricio Herrera eran los encargados de organizar eventos en provincias para luego gestionar cambios, premios, pedidos, entre otros.
Expuso que en el cuarto de guerra del Consejo de la Judicatura se seguían las directrices para las direcciones nacionales y provinciales y se preparaba el proyecto político de Terán con la ayuda del Departamento de Comunicación de la institución, debido a que su anhelo era llegar a la Presidencia de la República y que, para ello, tenía el apoyo de la Revolución Ciudadana a través de la conexión directa con el exvicepresidente Jorge Glas.
Palacios señaló a Santiago Cifuentes y Fabricio Herrera de elaborar todas las contrataciones del país. Incluso, ellos habrían creado la empresa Herrera Cifuentes, a través de la cual redondeaban los sueldos. A él le habrían ofrecido USD 1 000.
Expuso que se ofrecían cargos, por los que se pedían USD 5 000 para ayudantes judiciales y USD 10 000 para secretarías. Esa era una especie de caja chica para, supuestamente, financiar la campaña de Terán.
Concurso de jueces arreglado
Palacios se refirió al concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia que lideraba Terán. Dijo que ese concurso fue arreglado porque se quería que pase la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, con el fin de que ella presida la Corte, ya que existía una relación sentimental con el titular de la Judicatura.
Expresó que el 26 de noviembre de 2022, Terán viajó a Santo Domingo para entregar un proyecto al juez Emerson Curipallo sobre la libertad de Jorge Glas.
Palacios mencionó que por todo lo que iba a decir fue amenazado en la Cárcel 4, en donde está privado de la libertad, ya que es procesado también en el Caso Metástasis.
Reunión Terán – Muñoz
Palacios indicó que fue testigo presencial de una reunión entre Wilman Terán y Xavier Muñoz en el Hotel Holiday Inn, en Guayaquil, en la que se habrían comunicado con el expresidente Rafael Correa para abordar sobre el recurso de revisión del Caso Sobornos. Por haber escuchado la conversación, a Palacios le ofrecieron la Dirección Jurídica del CJ.