La Organización Internacional en Derechos Humanos presentó un informe sobre el impacto de la criminalización del aborto en Ecuador
La Organización Internacional de Derechos Humanos (HRW) señaló en el informe titulado “¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?”, publicado el 14 de julio, que las leyes en Ecuador criminalizan el aborto, violan los derechos de mujeres y niñas, y ponen en riesgo su vida y su salud.
Ecuador: Criminalizar el aborto vulnera derechos y afecta la salud https://t.co/PLeQpXBGOQ
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) July 14, 2021
La HRW analizó 148 casos, en los que se vieron implicadas 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y ocho médicos, acusados de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019. La mayoría de los hechos ocurrieron en las provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente, en personas con situación de pobreza. El 12% por ciento eran menores de edad.
De 38 casos que cumplieron pena de prisión, 33 eran mujeres y niñas.
En el Ecuador una de cada cuatro mujeres sufre violencia sexual. La criminalización del aborto, no ha detenido su práctica, de hecho, ha generado que se realicen abortos clandestinos, poniendo en riesgo la vida de la gestante.
Las mujeres que dan su consentimiento para realizarse un aborto pueden terminar hasta con dos años de prisión. Los médicos que realizan esta práctica pueden recibir una pena uno y tres años. Se contemplan excepciones si la vida y la salud de la persona embarazada están en riesgo, además de todos los casos de violencia sexual.
Según el análisis de HRW, el 73% de los casos criminalizados, por presunto aborto, iniciaron por la denuncia de médicos hacia la policía. La Dr. Susana Guijarro mencionó:
“Los profesionales de la salud tienen mucho temor de ser enjuiciados, de ser encarcelados, porque tampoco tienen clara la ley”
Por otro lado, la abogada, Ana Vera, se refirió al tema:
La negación de abortos legales podría constituir hasta una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, de acuerdo a los estándares internacionales
Uno de los casos mencionados en el informe es de “Soledad”, que a los 38 años se encontraba con un embarazo planificado junto a su esposo. Un día sintió un dolor agudo que la llevó a tener un parto prematuro en su casa: perdió a su hija. Al llegar al hospital, los médicos asumieron que se había inducido un aborto, llamaron a la policía: terminó en la cárcel por 5 meses. Durante los primeros días en prisión estuvo sangrando sin recibir atención médica. El fiscal la acusó de homicidio agravado, con una pena mínima de 26 años de cárcel. Sin embargo, en el juicio fue absuelta.
La autora del informe, Ximena Casas, publicó en su cuenta de Twitter un video que explica la situación de vulnerabilidad de las mujeres que abortaron en Ecuador. El video también fue subido a la plataforma YouTube, en el canal oficial de HRW
La criminalización del aborto en #Ecuador vulnera la vida y la salud de las personas que necesitan interrumpir embarazos no deseados, enfrentan abortos espontáneos, emergencias obstétricas , o necesitan atención postaborto.https://t.co/R6PtTVowGH#CondenadaPorSerMujer pic.twitter.com/nrIGXxdh2E
— Ximena Casas Isaza (@ximecasas76) July 15, 2021
El 28 de abril de 2021, La Corte Constitucional del Ecuador despenalizó el aborto para las mujeres embarazadas como resultado de una violación. Previamente, la ley permitía aborta cuando la persona tenía una discapacidad intelectual.
La corte dispuso que la Defensoría del Pueblo, en un plazo de dos meses, presentara ante el legislativo un proyecto de ley que diera cumplimiento a la medida y exigió a la Asamblea Nacional que lo debatiera en los seis meses siguientes a su presentación.
El 28 de junio de 2021, en cumplimiento de lo resuelto por la corte, la Defensoría del Pueblo presentó una nueva ley ante la Asamblea Nacional. El proyecto legislativo se preparó a partir de un diálogo nacional con organizaciones feministas y reconoce el derecho al aborto en todos los casos de violación sexual, conforme a los estándares en derecho internacional de derechos humanos.
N.A.
Fuente: Human Rights Watch