Cuestionamientos al papel de los asambleístas amazónicos, Elías Jachero de Pastaza, Guadalupe Llori de Orellana y Washington Varela de Napo, quienes propusieron los cambios en el cuerpo legal
André Granda, prefecto electo de Pastaza, reclamó a la Asamblea Nacional por haber aprobado las reformas a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Así se merma el presupuesto a los municipios y prefecturas de la Amazonía.
Explicó que en la Ley Amazónica hay dos fondos:
- El de desarrollo, por el que se distribuye el 4% de la venta del barril de petróleo así: 28% a las prefecturas, 58% a los municipios, 10% juntas parroquiales y 4% para la Secretaría Técnica de la Amazonía.
“La Asamblea sin consulta y análisis técnico reformó ese porcentaje de distribución y lo disminuyó al 26% para las prefecturas, 55% municipios y 1% para la Secretaría”.
André Granda, prefecto electo de Pastaza, indicó que el argumento para tomar tal resolución fue la creación de universidades y el fortalecimiento de la Estatal Amazónica de Pastaza y la Ikiam de Napo. Pero esa es una competencia del Gobierno central y no de Alcaldías y Prefecturas.
- Otro fondo es el común, que se destina a proyectos que presentan los gobiernos locales para obtener fondos no rembolsables a la Secretaría Técnica Amazónica.
“Ponen en riesgo el fondo común porque no reformaron la Ley de Hidrocarburos y Minería para los porcentajes de utilidades que deben ser entregados a los GAD, entonces hay un vacío y el fondo puede quedar desfinanciado”.
Criticó que el Parlamento haya aprobado la norma sin la respectiva socialización y sobre todo reprochó el papel de los asambleístas amazónicos, Elías Jachero, de Pastaza; Guadalupe Llori, de Orellana; y Washington Varela, de Napo. Ellos propusieron los cambios en el cuerpo legal.
“Nos quitan presupuesto por cinco años; utilizaron demagógicamente el apoyo a las universidades para recortar presupuesto”
Indicó que tras la aprobación de las reformas en el Legislativo, han hecho un pedido al Ministerio de Gobierno para que se vete la norma, ya que ni siquiera hay estudios que demuestren que se creará universidades con ese capital.
“Es una reforma irresponsable, regresiva. Si el Presidente no envía veto parcial vamos a luchar para que se la declare inconstitucional en la Corte Constitucional”.