“Se está queriendo decir que aquí nadie hace nada. Lo cierto es que aquí hay una normativa que hay que cumplir”, aseveró Fausto Murillo.
Punto Noticias. Ante varias cuestionadas sentencias en materia penal y constitucional, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, dijo que no pueden actuar de inmediato sobre faltas que puedan cometer los jueces.
Explicó que las herramientas existentes están condicionadas por la sentencia 3-19 de la Corte Constitucional. “La actuación disciplinaria en cuanto a las figuras de error inexcusable, dolo y manifiesta negligencia está condicionada a dos hechos: denuncia y declaración previa de juez superior. Sin esas dos condiciones podríamos actuar de inmediato”, agregó.
Mencionó que en el país también están vigentes normativas garantistas a las que recurren las personas procesadas y sus abogados para obtener beneficios.
“En ocasiones cumplen los requisitos y los juzgadores no tienen otra opción que otorgar esas garantías. Pero en otros casos no se cumplen las exigencias legales y violando la norma y apartándose del deber, ciertos jueces se ponen de lado de la delincuencia organizada y la corrupción”, afirmó.
En los últimos días, un juez dejó en libertad a Daniel Salcedo, pese a que tiene dos sentencias ejecutoriadas, entre ellas, por fraude procesal y aún tiene un proceso abierto en su contra por delincuencia organizada.
Mientras que otro juez de La Concordia, Ángel Lindao, favoreció a los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con su restitución a sus cargos, luego de que fueron destituidos por el juicio político en la Asamblea Nacional.
Hay otros casos en los que, según la Fiscalía y Policía, los jueces han dejado en libertad a varios detenidos incluso por narcotráfico.
Murillo explicó que para sancionar a un juez, la Judicatura debe llevar adelante el debido proceso, con derecho a la defensa, evacuación de pruebas, con informes motivados. Eso toma su tiempo, dijo.
“Se está queriendo decir que aquí nadie hace nada. Lo cierto es que aquí hay una normativa que hay que cumplir. Caso contrario, si destituimos a un servidor sin observar el debido proceso, este propone una acción de protección y debemos reintegrarle e incluso pedir disculpas públicas”, agregó.