Según el proyecto del Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas autorizará las resoluciones del IESS, por ejemplo.
Punto Noticias. En la Comisión de Régimen Económico de la Legislatura, los representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) alertaron que el proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno viola la autonomía de estas instituciones.
A través de reformas legales, el Ejecutivo pretende que las resoluciones del Consejo Directivo del Seguro Social tengan el aval del Ministerio de Finanzas y que este imponga techos presupuestarios a los fondos de prestaciones, como el de salud, advirtió el director general del IESS (e), David Ruales.
Las mismas reformas busca implementar el régimen gubernamental a la Ley del ISSPOL, según manifestó el general Jorge Villarroel, director de este.
Los dos funcionarios fueron enfáticos en señalar que existen algunos artículos por los cuales se viola la independencia y autonomía técnica y financiera de cada una de estas instituciones, establecidas en la Constitución.
Aclararon que el IESS y el ISSPOL no pueden ser considerados como entidades públicas, porque su función está orientada a la seguridad social; por tanto, su accionar no puede estar supeditado al dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. El Consejo Directivo de cada institución toma directrices a favor de sus afiliados y asegurados, porque los recursos provienen de sus aportes y otros rubros, establecidos en el ordenamiento jurídico, por parte del Estado, corresponden a seguridad social. Por tanto, son dineros propios, distintos al Presupuesto General del Estado. La reforma planteada en el proyecto urgente es improcedente, viola la autonomía y es inconstitucional, insistieron.
Poner techos presupuestarios a la seguridad social es inconstitucional, dijeron. No se puede poner techo a la salud. Además, su carácter técnico previsional es de ayuda y asistencia a los asegurados; por tanto, ninguna institución del Estado puede intervenir y peor menoscabar su patrimonio, para pretender utilizar estos recursos para otros fines. Es inaplicable e inconstitucional la reforma, previnieron.
El economista Roberto Rosero, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, está de acuerdo con que el IESS no debe ser parte del Gobierno Central, porque sus funciones están orientadas a brindar seguridad y bienestar a sus afiliados y sus fondos, de carácter privado y un porcentaje público, no deben ser topados por el Estado.
Cuestionó, el experto, que el Gobierno intente, con su proyecto de ley, concentrar tantas funciones en el Ministerio de Finanzas, ya que esto provocaría centralización, cuando lo que el país busca es la descentralización.
La gerenta del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, cuestionó que el Ejecutivo proponga que esta entidad sea parte del sector financiero público, en las mismas condiciones que la CFN, BanEcuador, Banco del Pacífico y otras instituciones.
“El Central no puede ser calificado como banco público, porque es el encargado de generar política monetaria y es el custodio de la dolarización. No puede estar bajo los mismos controles que la banca pública”, objetó.
Todas estas advertencias tendrán que tomar en cuenta los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico, que tramitan la propuesta del Ejecutivo, al momento de elaborar los informes para la discusión en el Pleno.