Mayor atención al productor rural, demandaron los asambleístas.
Punto Noticias. El Pleno legislativo debatió, en primera instancia, el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, que establece el régimen jurídico para el desarrollo de este segmento productivo, propiciando su integralidad y sustentabilidad en el territorio nacional, en las diferentes etapas de la cadena agroproductiva.
Esta normativa hace justicia con un sector productivo importante para el Ecuador, que no paró sus actividades durante la pandemia y garantizó el abastecimiento de alimentos, sostuvo el asambleísta Mauricio Proaño, de la Comisión de Soberanía Alimentaria, en su calidad de ponente del proyecto.
Explicó que la ley propiciará un desarrollo sostenible del sector rural del país, que presenta los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desempleo. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la incidencia de pobreza es del 61.6 % en la ruralidad.
Proaño considera que la propuesta permitirá crear empleo joven en el campo, para evitar la migración a la ciudad, así como hacia otras latitudes. Es necesario consolidar el empleo agrícola, pero también en áreas no agrícolas.
Lenin Plaza, presidente de la Comisión, que emitió el informe, señaló que la propuesta incluye más de 10 iniciativas sobre materia agraria, planteadas en varios períodos legislativos; recoge más de 140 observaciones, tras 28 reuniones de trabajo con productores, comercializadores, importadores, representantes del sector público y privado, a fin de contar con una ley que garantice la soberanía alimentaria.
Durante el debate, los legisladores demandaron la necesidad de dotar a la economía campesina de una línea específica de crédito agropecuario, en condiciones adecuadas a su realidad, porque no se puede exigir al campesino garantías que no están acordes con su condición económica. Si el campesino tuviera dinero no tendría que acudir al banco para solicitar financiamiento, reflexionaron.
Se reconoció la importante presencia de la mujer trabajadora del campo, que es quien sostiene la labor agrícola. Se resaltó que este proyecto trasciende del fomento a la actividad agrícola y propone un sistema de sustentabilidad y sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, considerando que Ecuador tiene profunda vocación agrícola. Se mencionó, como aspecto indispensable, fomentar la investigación en materia agropecuaria.
Estuvieron de acuerdo en que no se trata solo de emitir una ley en materia agrícola, per se, sino acompañar esta legislación con normas que beneficien al ser humano, al campesino, que día a día se encarga de producir los alimentos que llegan a las ciudades del país.
Criticaron al actual sistema agroproductivo, concentrador de tierras, en algunas zonas, así como la prevalencia de la agricultura empresarial sobre la agricultura familiar, que, precisamente, busca romper esta iniciativa, a lo que se suma la propuesta de fortalecer los procesos asociativos del sector campesino.
Los parlamentarios observaron que debe ser una ley práctica, que no quede en una propuesta teórica, de manera que responda a las verdaderas necesidades del campo, en general, y del sector agropecuario, en particular. Plantearon que se establezcan incentivos específicos para los pequeños y medianos productores.
La política de precios para el agricultor, sector que produce más 32 millones de raciones alimenticias al día y al que, sin embargo, no se le reconoce un precio justo por varias razones, entre ellas, la importación de alimentos, lo cual deja al productor sin acceso al mercado. Así mismo, el acceso a información relevante y oportuna, fue considerado como elemento fundamental para el desarrollo del este sector.
Los asambleístas criticaron la falta de políticas de Estado, orientadas al fomento de la actividad productiva, en todas sus etapas: siembra, fertilización, cosecha, almacenamiento y comercialización, puesto que se ha apoyado solo a pocos productos, como el banano, cacao, entre otros. Exigieron que se tiene que controlar y sancionar el contrabando, que también afecta los precios.
Luego de 20 intervenciones, el presidente encargado, César Solórzano, cerró el debate, tras lo cual el proyecto, junto con las observaciones formuladas en el Pleno, regresará a la Comisión de Soberanía Alimentaria, a fin de sistematizarlas, como paso previo a emitir el informe para segunda discusión.
Fuente: Asamblea Nacional.