Propuesta sanciona con el 17% de los ingresos totales a las empresas que utilicen datos personales de los ciudadanos.
Punto Noticias.- El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, entregó este jueves 19 de septiembre, el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales a la Asamblea Nacional, cuatro días después de que se conociera la filtración de datos personales y financieros de millones de ecuatorianos.
Michelena explicó que la legislación propuesta se enmarca en una estrategia más amplia denominada “Ecuador Digital”, con el fin de digitalizar el Gobierno y todos los sectores del país.
En este sentido, dijo que con el marco regulatorio sobre la protección de los datos personales, los ecuatorianos podrán escoger qué información es pública y cómo se la puede utilizar.
El secretario de Estado precisó que este proyecto de ley no surgió de la noche a la mañana, sino que ya se lo venía trabajando hace varios meses en coordinación con académicos y otros organismos del Estado.
Explicó que ante la filtración de esa información sensible de millones de ecuatorianos, la propuesta solo se la aceleró, con el propósito de proteger la identidad de los ecuatorianos.
“Esto nos obliga a todos los ecuatorianos a repensar la urgencia y la necesidad de tener un marco normativo que nos proteja”, resaltó.
Añadió que Ecuador, al igual que Venezuela y Bolivia no cuenta con una ley sobre protección de datos
Expresó que el proyecto busca garantizar los derechos del ciudadano frente al tratamiento de sus datos personales, así como el fomento del progreso económico y social, además de aportar nuevos incentivos para la innovación a nivel mundial.
Trascendió que se pretende seguir el modelo europeo en el sentido de que aboga por la protección de los derechos personales como un derecho del ciudadano y no de las empresas.
Además, recoge el derecho a solicitar que se eliminen de las redes y buscadores la información que vulnere la intimidad y honra del individuo.
La propuesta contempla un sistema para mitigar riesgos, un régimen sancionatorio, un Registro Nacional de Protección de Datos Personales, entidades certificadoras, y un sistema de manejo de la responsabilidad, entre otros factores.
Entre las sanciones que afrontarían las empresas que usan mal los datos de los ciudadanos, como todo parece indicar que hizo Novaestrat, recoge multas del 17% de los ingresos totales, la suspensión definitiva de la actividad y la obligación de reparar integralmente a los afectados.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, César Litardo, ofreció celeridad en el tratamiento de este tema.
Fuente: El Comercio, La República, redes sociales