El Ministerio de Educación aclara que mantiene la rectoría en el área educativa y no el Municipio. Alega vulneración de derechos.
Punto Noticias.- La clausura de establecimientos educativos por parte del Municipio de Guayaquil es motivo de malestar en el Ministerio de Educación y de que se inicien acciones legales.
El fin de semana la alcaldesa Cynthia Viteri advirtió con sancionar a las instituciones educativas que retornen a clases presenciales, por lo que el coordinador jurídico del Ministerio de Educación, Édgar Acosta, comentó que ya se presentaron tres acciones legales ante una grave vulneración de derechos.
Según el Ministerio de Educación, ocho instituciones educativas han sido clausuradas por el Cabildo en esta semana y añadió que lo que se busca con la instancia judicial es buscar una solución al inconveniente.
La viceministra Cinthya Game, recordó que la Constitución señala que la rectoría de la educación recae sobre el Ministerio y no en los gobiernos autónomos descentralizados. Algo que también recalcaron las autoridades del colegio Balandra Cruz del Sur, uno de los planteles sancionados.
Para Game, clausurar ocho planteles, entre el 24 y el 25 de enero, contraviene la ley.
Acosta comentó que las acciones legales están direccionadas a un pedido de medidas cautelares, para evitar que se den nuevas clausuras, así como se tramita una acción de protección para que se eliminen las sanciones a las instituciones clausuradas.
A esto se suman acciones administrativas que permitirán a la entidad gubernamental impugnar particularmente cada una de las clausuras.
La ministra de Educación, María Brown, señaló que el objetivo de estas medidas es que la justicia deje sin efecto las acciones del Municipio de Guayaquil y que prevalezca el interés superior de los estudiantes.
Padres de familia que están de acuerdo con que sus hijos retornen a las aulas los acompañaron a las instituciones educativas para estar al pendiente de ellos.
Mientras, el director de Justicia y Vigilancia del Municipio, Xavier Narváez, aseguró que en los operativos se evita el desalojo de los estudiantes, pero se procede con la clausura al término de las clases. El cierre es por 30 días y la multa es de hasta siete salarios básicos (USD 2.975).
En caso de reincidencia, el funcionario añadió que quienes administran estos establecimientos serán sancionados en el marco de un proceso administrativo.
Exhortó a los centros educativos que se mantengan en clases virtuales, una vez que faltan pocas semanas para que se termine el ciclo escolar en el régimen Costa.
Fuente: El Comercio, Primicias, Ecuavisa, redes sociales