Editorial de Radio Pichincha
Ayer la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la investigación de la crisis energética en Ecuador. El documento fue admitido con 8 votos a favor y uno en contra. En ese informe, la mesa legislativa responsabiliza a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso de la desatención en el sector energético.
Y tienen toda la razón quienes elaboraron el documento, visto a la luz de los acontecimientos, pero sobre todo a la evaluación hecha por el actual Gobierno y su ministra de Energía en relación con el estado de las centrales hidroeléctricas y el mismo sistema nacional.
Esa crisis energética, desatada en 2023, dejó pérdidas por encima de los 400 millones de dólares para los sectores productivos. En el sector público, las pérdidas superan los 230 millones de dólares producto de la importación de energía desde Colombia.
Todo esto no descarta algo importante, Lasso firmó concesiones a dos días de abandonar su cargo. Entre esas, el proyecto Conolophus que estaría beneficiando económicamente al exconsejero y ex alcalde de Quito Roque Sevilla, lo cual establecería indicios de un presunto delito de tráfico de influencias.
Además, la Comisión de Fiscalización argumentó que el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, ignoró las alertas emitidas por el CENACE y la CELEC. Y todo ello sumado a que no se realizó el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas.
Por esta razón estaría bien que se inicien las acciones legales y políticas correspondientes, pues Lasso y Moreno no pueden quedar en la impunidad. Y de hecho hay que
responsabilizar a los exministros de Finanzas y Energía, Pablo Arosemena, y Fernando Santos Alvite por no implementar políticas para evitar la crisis en este sector.
Y por eso está muy bien que el expediente de la investigación de la crisis eléctrica sea remitido a la Contraloría General del Estado, para que inicie las acciones de control respectivas.
Ya no cabe ninguna duda que Lasso, en particular, llegó al gobierno para favorecer los negocios de sus amigos y de sus socios. No fue un asunto de estiaje o de problemas con la naturaleza. Hoy queda mucho más claro hasta dónde pesa la irresponsabilidad inducida para generar gastos del Estado a favor de las empresas que se benefician de estas “crisis”.
Pero parece que los ecuatorianos y ecuatorianas no aprendemos: los ricos, los multimillonarios y los grandes empresarios no van precisamente al gobierno a servir sino a servirse del Estado. PUNTO