Ellos eran parte del proceso por presunta delincuencia organizada en el que sí fueron llamados a juicio los hermanos Salcedo, Paúl Granda y otros. Mientras, Dalo analiza demandar al Estado.
Punto Noticias.- La Fiscalía no logró demostrar una relación delictiva entre los Bucaram y los Salcedo, por lo que la decisión judicial no le favoreció por completo.
La amistad entre ambas familias no fue suficiente y ahora Abdalá Bucaram Pulley (Dalo) no descarta en demandar al Estado.
En junio de 2020, en plena pandemia por el coronavirus, se inició una investigación ante la existencia de una presunta red de corrupción que operó en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, Sur y Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
Daniel Salcedo fue el primero en figurar en las investigaciones, por lo que en su intentó por huir hacia Perú sufrió un accidente aéreo.
Según las primeras investigaciones, Daniel Salcedo logró arreglos con las autoridades del IESS y de los hospitales investigados que le permitieron acumular millonarios contratos por la venta de medicamentos e insumos médicos.
Al cuestionarse sobre el poder de Salcedo en el Seguro Social todo apuntaba a que detrás estaba la familia Bucaram, con la que Salcedo tenía una relación cercana.
En junio de 2020, Abdalá Bucaram Pulley y su esposa Gabriela Pazmiño viajaron a Estados Unidos y se hospedaron en una casa de Salcedo. Luego, al ser procesados por el caso, no regresaron al país y se convirtieron en prófugos.
Finalmente, el juez Ronald Guerrero les dio la razón a los Bucaram y luego de escuchar los resultados de la investigación de la Fiscalía ratificó la inocencia de Dalo y su esposa, así como de Michel Abdalá Pulley.
Con el fallo que fue notificado a las partes el 31 de mayo pasado, Dalo ya analiza demandar al Estado.
El juez consideró que, si bien en el proceso se evidenció que los Bucaram tenían una relación de amistad con Daniel Salcedo, eso no demuestra nada en términos legales.
El operador de justicia también recordó que ni Dalo, Michel Bucaram o Gabriela Pazmiño han sido funcionarios del IESS o de alguno de los hospitales que están siendo investigados.
A esto se sumó el hecho de que ninguno de los tres suscribió a título personal o como representantes legales de alguna compañía convenios de pago o contratos con el IESS o con alguna de las casas de salud antes mencionadas.
La Fiscalía tampoco logró vincularlos con algún funcionario del IESS, así como tampoco consiguió rastrear que hayan recibido beneficios económicos producto de la delincuencia organizada que se investiga o cualquier otro beneficio de tipo material.
La vinculación de Pazmiño y los Bucaram se dio además por su relación con Jorge Henriques, quien se desempeñó como miembro del departamento de compras públicas de uno de los hospitales y es parte de los llamados a juicio en este proceso.
Henriques fue asambleísta alterno de Pazmiño. Sin embargo, para el juez Guerrero eso fue insuficiente para demostrar una relación delictiva.
Con relación a los hermanos Daniel y Noé Salcedo; al expresidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda; y a Jacobo Bucaram, el juez los llamó a juicio. Ellos son parte de los 12 procesados en que la suerte no les favoreció.
En el caso de Granda, el juez lo llamó a juicio porque la Fiscalía aseguró que recibió la visita de Daniel Salcedo, mientras se encontraba vinculado al IESS.
Granda criticó esa decisión porque para él no tendría fundamento y aclaró que solo se reunió con Dalo una vez por pedido del expresidente Lenín Moreno.
Mientras, el juez consideró que los hermanos Salcedo fraguaron acuerdos ilegales con autoridades y funcionarios del IESS y los hospitales investigados. Y que, a través de estos acuerdos, consiguieron beneficios.
Sobre Jacobo Bucaram, la Fiscalía aseguró que visitó varias veces el lugar donde los integrantes de la estructura criminal concertaron sus acciones. Además, se mencionó que es parte de otra investigación relacionada con insumos médicos y corrupción.
En su fallo el juez dio a conocer que durante la investigación salieron a la luz nombres de personas naturales y jurídicas que tienen que ser objeto de un profundo análisis por parte de la Fiscalía para determinar su posible participación en el delito que se ha investigado.
Ante esta situación pidió que el expediente sea enviado a la Sala de Sorteos de la Fiscalía, para que se designe un fiscal que analice la posible participación en los hechos de siete empresas y de Carlos Vladimir Z. C., María Fernanda O. C., Denisse Leonor E. G., Susana Sumay E. D., Karla C., Nury Michele P. C., María Auxiliadora M. V., Jorge Luis C., e Iván U. C.
Fuente: Primicias, redes sociales