Recordó que la jueza constitucional mandó que hasta el 25 de marzo se entregue no solo la lista de beneficiarios, sino también el plan de vacunación y contratos de adquisición de vacunas, agregó.
Santiago Machuca, jurista e integrante de Acción Jurídica Popular, se refirió a la decisión del ministro de Salud, Rodolfo Farfán, de no entregar la lista de vacunados en las fases cero y uno; dijo no sentirse sorprendido en el marco de un Gobierno que se ha caracterizado por su ejercicio arbitrario y prepotente, sin embargo advirtió que si no cumple con lo dispuesto en sentencia por parte de una jueza Constitucional podría recibir sanciones administrativas, económicas y hasta penales.
“Es un ejercicio de un funcionario que se cree que está por encima de un dictamen de la Corte (…) esto no se trata de decir si le da o no la gana, él tiene que ejecutar la decisión en los términos establecidos”.
Aseveró que hasta el 25 de marzo tiene como plazo el Ministerio de Salud entregar una información que debería ser pública, como son los contratos que se hicieron con las farmacéuticas para adquirir las dosis, el plan de vacunación y la lista de beneficiarios.
Reprochó que Farfán argumente que esa información es confidencial, puesto que no se pide los domicilios o identificaciones de los vacunados en la fase cero y uno, sino únicamente los nombres y en ese contexto recordó que otro de las justificaciones para negarse a entregar información es que podría generar conmoción social.
Sobre la lista que ya tiene Fiscalía, Machuca indicó que al estar en indagación previa, esa entidad no puede emitir los nombres, sin embargo sí cuestionó el accionar de esa Institución dirigida por Diana Salazar que, a criterio del abogado, actúa con dos velocidades y de forma selectiva, porque permitió la salida de Juan Carlos Zevallos del país pese a que previamente se solicitó la formulación de cargos en su contra y el establecimiento de medidas de aseguramiento que le impidan salir del Ecuador.
“Cuando presentamos la denuncia sobre el exministro Zevallos por presunto delito de tráfico de influencias se abrió la indagación previa acudió el ministro a rendir su versión libre (…) y cuando nos enteramos que el ministro renunció pedimos a la fiscal que formule cargos”.
En todo caso, resaltó que la sentencia de la Corte brinda un mecanismo para dar a conocer la lista de vacunados y sobre ello establecer nuevas indagaciones.