La Asamblea investiga estos casos, ante el trabajo multidisciplinario para enfrentar la crisis carcelaria en el país.
Punto Noticias.- La crisis carcelaria motivó a que varias instituciones ejecuten acciones conforme a sus competencias. La Contraloría abrió procesos a cinco entes por este tema.
La Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional pidió datos a más de 18 instituciones estatales y de derechos humanos sobre sus competencias y responsabilidades con la actual crisis carcelaria.
Tres meses de investigación pasaron y los primeros resultados salen a relucir con la Contraloría.
Desde el 2016, el ente de control abrió al menos 126 exámenes especiales sobre procesos de contratación de entes ligados al sistema penitenciario.
En esa lista están los ministerios de Gobierno y Defensa, así como la extinta Cartera de Justicia. La Policía y el Servicio Nacional para personas Privadas de Libertad (SNAI) también fueron observados.
El SNAI que es el ente encargado de los centros carcelarios del país, mantiene procesos de control abierto por distintos hechos. Uno de los más recientes data del 2020 y tiene relación con una serie de anomalías que se cometieron en el proceso de transición con el anterior Ministerio de Justicia. Entre las anomalías que hallaron se especifica que “la institución no efectuó el traspaso respectivo de documentación de respaldo de operaciones administrativas y financieras”.
A esto se suma que el SNAI y el anterior Ministerio de Justicia, no suscribieron actas de entrega recepción de armas de fuego para los guías y que tampoco hubo una custodia de inventarios y registros contables sobre las armas de fuego.
También se advirtió que los agentes de seguridad penitenciaria “no fueron capacitados con respecto al manejo de armas de fuego, debido a que los directores de seguridad penitenciaria no cumplieron con las responsabilidades atribuidas en el Estatuto del Ministerio de Justicia”.
Otro de los contratos que fueron sometidos a control es la adquisición de equipos tecnológicos para la cárcel El Rodeo de Manabí.
Producto del examen, el ente de control descubrió en 2017 se dio una compra de equipos por USD 140.000, pero seis de los equipos entregados no funcionaron y no tenían las especificaciones que se realizó en la adjudicación.
Un contrato para adquirir pertrechos de seguridad también presentó irregularidades. Según la información de las auditorías, Rehabilitación pagó USD 830.000 por chalecos antibalas, esposas, cascos y trajes antimotín, máscaras antigás, entre otros.
El estudio reveló que parte de los productos no se entregaron y otros tuvieron retrasos. Incluso, no tenían los informes técnicos correspondientes para realizar esas contrataciones.
En la actualidad, los guías de las cárceles como la Penitenciaría, Cotopaxi y El Turi, en Azuay, señalan que no tienen esos equipamientos.
Una de las fallas estructurales que se repiten en las cárceles más grandes es la falta de un escáner para realizar los controles en los ingresos. Esos equipos tendrían irregularidades en sus procesos contractuales
La falta de recursos en las cárceles se ha visto reflejada en otras instituciones. Por ejemplo, la Policía tiene abierto cuatro procesos de investigación.
Una auditoría es de 2016 y en ella se indica que en Manabí mantenían bienes en la bodega de Rastrillo sin legalizar y sin custodia.
En el caso del Ministerio de Gobierno tiene exámenes especiales abiertos en el 2020 y 2021, en los que se establece las acciones que la institución ha cumplido o no. El análisis continúa.
Fuente: Asamblea Nacional, El Comercio, redes sociales