No es posible que en estado de excepción, con mayor seguridad y en el famoso mes de la mujer, sigan pasando casos de abusos sexuales, agregó Soledad Angus.
La abogada Soledad Angus destacó que las instituciones educativas sí tienen un protocolo de atención para víctimas de abuso sexual. Sin embargo, lo han tomado como un escudo burocrático para suplir cualquier tipo de negligencia u omisión, frente a la acción que debieron impulsar a favor de las denunciantes.
La tarde del miércoles 6 de marzo de 2024, el abogado Fernando Rosero confirmó que son dos los casos de violación, durante un viaje de fin de curso del Colegio SEK de Guayaquil. Ambos ocurridos en noviembre de 2023. Los acusados son tres jóvenes, de tercero de bachillerato, quienes habrían ofrecido escopolamina a una compañera para llevarla a una habitación y permitir que uno de ellos abuse de ella.
“No es posible que en estado de excepción, con mayor seguridad y estando en el famoso mes de la mujer, cuando instituciones públicas y privadas, nos llenan de globos, mariposas y el color violeta. Pero siguen pasando casos de abusos sexuales”, reprochó Angus.
Para la abogada Soledad Angus, en estos casos, las instituciones educativas, sobre todo las privadas, tienden a encubrir y minimizar el impacto, en lugar de atender a las víctimas. Tal es así que en el mismo Colegio SEK se presentó otra denuncia por el abuso sexual a una niña de 5 años y ni siquiera hubo intervención psicológica o el acompañamiento para seguir una hoja de ruta.
En el caso de las dos jóvenes violadas en el paseo de fin de curso, la abogada indicó que el colegio tenía la obligación de comunicar de inmediato al Distrito del Ministerio de Educación, tomar medidas de protección en favor de las víctimas y solicitar la aplicación de sanciones por violencia entre pares.
“El colegio no puede excusarse diciendo que pasó fuera de la institución”, reclamó.
Sobre la posible participación del hijo de un diplomático chileno, en el caso de la joven violada, Soledad Angus subrayó que la Cancillería ecuatoriana debe activar mecanismos de colaboración internacional e informar a la Fiscalía de las acciones que está tomando.