La mirada reactiva frente al problema, la incapacidad de los GADS para acceder a mayores cupos de endeudamiento y el decreto del Ejecutivo deslindándose del tema, han debilitado la capacidad para enfrentar este fenómeno, que para 2023, se presentará con toda su fuerza.
Punto Noticias. Hace poco, Homero Castenier, gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, afirmó en entrevista radial que, de 312 proyectos levantados por la Secretaría de Riesgos destinados a enfrentar el Fenómeno de El Niño, solo cinco completaron su trámite de financiamiento con esta entidad, es decir, menos del dos por ciento.
“La mayoría ha pedido maquinaria, lo que implica una mirada reactiva más que preventiva frente al problema. Han pensado más en limpieza de derrumbes que en evitarlos”, dijo Castenier en esa oportunidad.
Además del enfoque reactivo, en algunos casos, municipios y prefecturas no consiguieron superar las complejidades técnicas y administrativas básicas para solicitar un crédito. Y lo peor, algunos ya tienen el dinero, pero no tienen los equipos en sus localidades, pues se les caen los procesos en el Portal de Compras Públicas.
“GADS que han recibido financiamiento hace un año todavía no pueden empezar a trabajar, se les cae, en algunos casos, hasta tres veces el proceso en el Portal”. Castenier dijo que conocía de Municipios que habían incluido en los pliegos “marcas” de tubería, lo que atenta a la transparencia del proceso. Otro problema para que este “Niño” nos sorprenda sin preparación es la gestión económica de los municipios, cuyos cupos de endeudamiento están restringidos por la escasa recaudación tributaria y el gasto corriente.
Chone, por ejemplo, es una ciudad, que aguarda hace más de un año un crédito por ocho millones de dólares para mejorar el alcantarillado de la zona centro, recién recibirá los recursos la semana entrante, una vez la administración del GAD aumentó el cupo de endeudamiento.
Los únicos municipios que sí completaron los procesos para recibir créditos para infraestructura y compra de maquinaria fueron: Calvas en la provincia de Loja, Junín en Manabí, Gualaquiza en Morona Santiago, Río Verde en Esmeraldas y Espejo en Carchi.
En Calvas-Loja, por ejemplo, el crédito es necesario para atender la crítica situación del Túnel de Totoras. Según reportes de prensa de la localidad, el tema es una bomba de tiempo, pues se espera un colapso de un momento a otro.
El mes pasado el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret advirtió de otro problema, una especie de “socavón político”, llamado “Ley de gestión de Riesgos y Desastres” enviado por el Ejecutivo.
Un socavón político
Lloret, entrevistado Radio Pichincha, señaló que el decreto en estudio por la Corte sería inconstitucional porque en el artículo 261 de la Carta Magna expresa que el manejo de desastres naturales es exclusivo del Gobierno central, mientras que en el artículo 389 de la misma Constitución apunta que el Estado protegerá a las personas de los efectos negativos de desastres de origen antrópico, mediante prevención de riesgos.
A criterio de Lloret, el Ejecutivo busca deslindarse de las responsabilidades que tiene por la llegada del fenómeno de El Niño y le entrega la competencia a las prefecturas y alcaldías.
Niños cada vez más fuertes
Resumiendo: solo 5 de 312 proyectos con miras a enfrentar el Fenómeno de El Niño tienen financiamiento y el Gobierno quiere deslindarse del tema, cabe agregar las previsiones hablan de un Niño especialmente fuerte para 2023.
Los dos últimos ya fueron graves. Entre 1982 y 1983, se estima que se perdieron 683 millones de dólares y quedaron 200 mil personas sin alimento.
Entre 1997 y 1998, 29 mil personas quedaron danmnificadas, al menos 50.000 hectáreas de tierras fueron afectadas.
¿En 2023?