Los ciudadanos son procesados por el presunto delito de terrorismo. El general César Zapata no se ha pronunciado sobre el tema.
Punto Noticias.- Un juez de Pichincha ordenó prisión preventiva -por el presunto delito de terrorismo- en contra de Juan Javier S., Alan Alexander S. y Romario Gyusepp A., quienes habrían planificado atentar contra el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata.
En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó los elementos necesarios para procesar a los tres sospechosos, los cuales fueron acogidos por el juez de la causa.
Fueron 21 elementos de convicción, entre los que constan: una providencia, un informe de la explotación de los teléfonos celulares de los ahora procesados y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.
Ni la Policía Nacional ni el mismo comandante de la institución informaron sobre el caso. Sin embargo, fue la Fiscalía, la que cerca de las 13:00 dio detalles.
La fiscal a cargo del caso explicó en la audiencia que Juan Javier S., Alan Alexander S. y Romario Gyusepp A. (identificado como supuesto integrante del grupo delincuencial Las Águilas) habrían ejecutado acciones relacionadas a un presunto intento de atentado contra el general Zapata. Estos hechos habrían sido detectados por los anillos de seguridad.
Juan Javier S. y Romario Gyusepp A. fueron aprehendidos en un vehículo estacionado cerca al domicilio del general Zapata. Mientras, Alan Alexander S. se lo identificó en otro automotor estacionado a 10 metros, aproximadamente. Este último, según el parte policial, llevaba en el carro una pistola cargada con munición nueve milímetros y un cuchillo.
Por estos hechos, el juez concedió medidas de protección a favor del comandante de la Policía Nacional. Entre ellas: que los procesados no pueden acercarse a la víctima, tampoco realizar actos de persecución o de intimidación, así como se extendió una boleta de auxilio a favor de Zapata.
El presunto delito de terrorismo es sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años de cárcel. La instrucción fiscal durará 30 días.