Las personas privadas de la libertad, en la cárcel de Cotopaxi, son obligadas a comer arrodilladas sin usar sus manos, no les permiten dormir, y los golpean constantemente, según el testimonio brindado en la audiencia de hábeas corpus de Omar Campoverde.
Las Warmis .- Tras la audiencia de hábeas corpus de Omar Campoverde, considerado un preso político por organizaciones de derechos humanos, y quien no tiene una sentencia en firme, se ha destapado una preocupante situación en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi.
Su pareja, la activista de derechos humanos, Gabriela Gallardo, quien también fue criminalizada por su lucha social, denuncia severas vulneraciones a los derechos de los internos, resaltando la gravedad de la situación y la necesidad de acción inmediata.
En entrevista con Radio Pichincha, Gallardo compartió detalles alarmantes sobre las condiciones en las que se encuentran los internos del CRS de Cotopaxi. La activista relata que los presos sufren un trato inhumano que incluye golpes constantes y privación de alimentos durante varios días; los presos son obligados a comer una única comida al día, que se sirve en una tarrina en el piso, para que los presos consuman los alimentos arrodillados y sin cubiertos, mientras los militares encargados de la custodia de la cárcel muestran una actitud violenta, pateando los envases. Este tipo de prácticas, según Gallardo, constituyen una clara violación de los derechos humanos más básicos.
Durante las audiencias de hábeas corpus que se desarrollaron el 26 de enero y 8 de febrero de 2024, Omar Campoverde describió un ambiente de terror constante, aseguró que se escuchan gritos de auxilio todo el tiempo y durante las horas de la madrugada, los presos son constantemente perturbados por golpes en las celdas y son llamados a formarse.
Campoverde también contó que a él le vendaron los ojos y ahogaron con agua helada, no le permiten tomar el sol y aseguró que sufre discriminación por ser indígena, ya que fue obligado a raparse el cabello.
A pesar de estos argumentos, el juez negó el hábeas corpus.
Presos sin sentencias
Según el censo penitenciario 2022, unas 32 mil personas conviven en los 36 centros de privación de libertad a escala nacional. El 93,7% son hombres y el 6,3% mujeres.
En el estudio realizado por el INEC, en base a las entrevistas realizadas se determinó que el 16,1% de las PPL no tienen sentencia, sin embargo, organizaciones de derechos humanos, afirman que esta cifra supera el 40%.
En el caso de la cárcel de Cotopaxi, Gallardo estima que más de 2 mil personas no tienen sentencias condenatorias en firme, lo que evidencia la falta de garantías procesales y la arbitrariedad en la detención provisional, pues este centro no tiene un área específica para estos casos.
Gabriela desmiente que las personas privadas de la libertad tengan privilegios en las cárceles, pues la mayoría de ellos y ellas, enfrentan condiciones muy precarias, propias del deficiente sistema penitenciario, como falta de acceso al agua potable, invasión de ratas, falta de acceso a artículos de limpieza, los mismos que deben ser costeados por las familias a altos costos en el economato.
Datos del censo penitenciario evidencian que 42,4% de la población de hombres comparte su celda, en promedio, con más de 5 personas, mientras que, por el lado de la población de mujeres, el 70,0% comparte su celda, en promedio, con 5 personas o menos.
La activista de derechos humanos advierte que tolerar la violación de derechos humanos en las cárceles es un peligroso precedente que amenaza los fundamentos del estado constitucional de derechos.
“Cuando nosotros estamos aplaudiendo que se violen los derechos humanos, estamos llamando a que se viole el estado constitucional de derechos, lo cual es gravísimo y una vez que sucede esto con personas privadas de la libertad, mañana puede ocurrir con cualquiera de nosotros”, sentencia.