Rechazan también que ha sido un año de criminalización y persecución en contra de quienes han reclamado justicia en este caso
Punto Noticias. El 7 de abril de 2020 un derrame de más de 15 mil barriles de crudo afectó a varias comunidades en la Amazonía. A casi un año del suceso, sus habitantes reclaman que no existe justicia ni reparación.
Por los daños al medioambiente y la afectación de la salud de los habitantes, presentaron una acción de protección en septiembre de 2020, pero fue negada por un juez de primera instancia y, en su apelación, la Corte Provincial de Orellana ratificó que no hubo vulneración de derechos.
#SOSDerrameAmazonía
Los responsables del derrame del 7/abril del 2020 vulneraron los derechos a la vida digna, agua, la salud, adecuada alimentación y soberanía alimentaria de las poblaciones río abajo.#1AñoSinJusticia, 1 año de negligencia estatal.@CJudicaturaEc @CIDH pic.twitter.com/VP4YxB8Z4W— Carlos Mazabanda (@Carlos_San11) April 7, 2021
Los accionantes y sus abogados defensores y defensoras también rechazaron que ha sido un año de criminalización y persecución en su contra.
La causa del derrame fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca.
A un año de este hecho, en medio de una pandemia, las comunidades exigen al Estado atención y justicia. Mujeres amazónicas están presentes en la gran marcha junto a comuneros kichwas de Orellana.